Un año después de sustituir los juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia, el Ministerio de Justicia reivindica los primeros resultados de "la mayor reforma organizativa de la Justicia española en décadas". Según el balance presentado este miércoles por el ministro Félix Bolaños, desde la entrada en vigor del nuevo modelo se han señalado un 7,38% más de juicios, se han celebrado un 5,4% más de vistas y la litigiosidad ha descendido casi un 10% respecto al año anterior. En la jurisdicción civil, donde ya funcionan los nuevos medios adecuados de solución de controversias (MASC), la reducción alcanza el 21,32%, según los datos ofrecidos por el titular de Justicia en una rueda de prensa, coincidiendo con el primer aniversario de la reforma.
Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno defiende que la reforma está empezando a dar los resultados esperados. "Hay más juicios, hay más jueces y hay menos litigiosidad", ha resumido Bolaños durante la presentación del balance, en la sede del Ministerio de Justicia en el madrileño Palacio de Parcent. Para el ministro, la evolución de las cifras demuestra que lo que dijeron los defensores de la ley de eficiencia "está sucediendo" y que "ninguna de las predicciones apocalípticas" de quienes se opusieron a la reforma "se ha cumplido".
La transformación comenzó el 1 de julio de 2025 con la entrada en funcionamiento de los primeros 315 Tribunales de Instancia y culminó el pasado 31 de diciembre con su implantación en toda España. En total, los 3.931 juzgados unipersonales existentes fueron sustituidos por 431 Tribunales de Instancia, un modelo que el Ministerio considera más flexible y adaptado a las necesidades actuales de la Administración de Justicia.
Para Bolaños, este cambio pone fin a una estructura "arcaica, cara, vetusta e inflexible" que, a su juicio, estaba "condenada a cronificar los problemas históricos de la Justicia". Frente a ese modelo, sostuvo que los Tribunales de Instancia permiten reorganizar los recursos de manera más eficiente y equilibrar la carga de trabajo entre jueces y magistrados.
"Con el mismo dinero multiplicamos por seis el número de jueces"
Uno de los principales argumentos del ministro fue el ahorro que supone el nuevo sistema para ampliar la planta judicial. Según explicó, crear un juzgado unipersonal suponía una inversión de entre 500.000 y 600.000 euros, mientras que incorporar una nueva plaza judicial dentro de un Tribunal de Instancia ronda los 100.000 euros. "Con el mismo dinero multiplicamos por cinco o por seis el número de jueces y magistrados que podemos crear", ha asegurado.
El Ministerio vincula esa reducción de costes con el mayor plan de ampliación de la carrera judicial aprobado hasta la fecha. Tras las 45 plazas creadas durante 2025 —42 destinadas a violencia sobre la mujer y tres a violencia contra la infancia y la adolescencia—, el Ejecutivo prevé incorporar este año otras 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales, además de convocar procesos selectivos para cubrir un total de 700 plazas.
Menos litigios gracias a los MASC
El descenso de la litigiosidad constituye otro de los pilares del balance realizado por el Ministerio. Entre julio de 2025 y junio de 2026 los asuntos ingresados descendieron un 9,99% en el conjunto de la Administración de Justicia, una reducción que en el orden civil supera el 21%. Concretamente, Bolaños ha atribuido esa evolución a la entrada en vigor de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), que obligan a intentar una vía negociada antes de acudir a los tribunales en buena parte de los procedimientos civiles.
Según defendió, esa caída ha permitido invertir una tendencia que durante años había provocado un aumento constante de la pendencia en esta jurisdicción. "Hemos doblegado esa curva", ha afirmado, al sostener que, por primera vez en años, el volumen de asuntos pendientes comienza a estabilizarse. Además, ha añadido que las cifras manejadas por el Gobierno coinciden con las publicadas recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también reflejan un descenso de la litigiosidad durante el primer trimestre de 2026.
Una inversión de más de 1.100 millones
Para hacer posible la implantación de la reforma, el Ministerio asegura haber movilizado 1.120 millones de euros durante el último año. De esa cantidad, 850 millones se destinaron a la digitalización de la Justicia, 192 millones a medios personales y otros 79 millones a infraestructuras judiciales. Bolaños ha defendido además que la implantación se completó dentro del plazo previsto y sin provocar "suspensiones ni demoras generalizadas" en los procedimientos, una circunstancia que también destacó el CGPJ en un informe elaborado el pasado mes de marzo.
El ministro recordó que la creación de los Tribunales de Instancia era una reivindicación compartida "de forma unánime" por todas las asociaciones judiciales desde 2017 y aseguró que distintos gobiernos habían trabajado en esta reforma desde 2011, aunque fue el actual Ejecutivo quien logró reunir la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar la Ley de Eficiencia. "Nadie defiende ya los juzgados unipersonales porque todos saben que eran el camino directo al colapso de la Justicia", ha concluido Bolaños, quien reivindicó el primer aniversario de la reforma como "el triunfo del reformismo frente al inmovilismo".
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