A dos semanas de comparecer ante la Audiencia Nacional, Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino señalado en el 'caso Plus Ultra' como presunto "testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, todavía no ha decidido qué estrategia seguirá ante el juez José Luis Calama. Según ha podido saber El Independiente, el empresario sigue sopesando si colaborará con la investigación o si optará por una defensa exclusivamente exculpatoria, mientras su nueva abogada revisa un volumen considerable de documentación —no el sumario del caso en sí, sino material propio de Martínez— antes de fijar el rumbo.
Martínez Martínez —alias 'Julito'— está citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio. Según han confirmado fuentes jurídicas a este periódico, el juez Calama se encuentra esta semana de vacaciones hasta el día 20, por lo que la decisión sobre cómo afrontar el interrogatorio deberá cerrarse en los próximos días, sin margen para dilatarla mucho más.
Un cambio de defensa en plena instrucción
El empresario fichó en mayo como nueva letrada a la penalista María Dolores Márquez de Prado —tal y como informó en su momento este periódico—, en sustitución del abogado y catedrático Bernardo del Rosal, que renunció a la defensa de 'Julito' ante la Audiencia Nacional por "diferencias irreconciliables", tal y como adelantó El País y pudo confirmar El Independiente.
Márquez de Prado pertenece a una de las generaciones más reconocidas de fiscales de la Audiencia Nacional, el conocido como grupo de los "fiscales indomables", junto a Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó primero en la Carrera Judicial y después en la Fiscal; tras un primer destino en Guipúzcoa, pasó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde permaneció más de 17 años. En 1999 fue nombrada fiscal del Tribunal Supremo y en 2007 pidió la excedencia para dedicarse a la abogacía penal.
El "responsable" de canalizar los fondos
El sumario sitúa a Julio Martínez como pieza central de la presunta trama. Los investigadores lo describen como la "figura visible" de la organización, y directivos de Plus Ultra habrían llegado a referirse a él como el "lacayo" del expresidente. Según el juez Calama, existen indicios racionales de que Zapatero lideró una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo que favoreció la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia; en esa estructura, Martínez —'Julito'— habría actuado como "responsable" de canalizar y gestionar los fondos.
A la presión judicial se suma ahora la fiscal. La Agencia Tributaria ha abierto una inspección sobre el IRPF del empresario y sobre el Impuesto de Sociedades y el IVA de once empresas de su entorno —"instrumentales", según la UDEF— que habrían servido para "canalizar y encubrir" pagos vinculados a la presunta red de influencias. El informe policial describe una estructura societaria concentrada en dos direcciones de Petrer y Elda (Alicante), con Martínez como administrador único de la mayoría de las sociedades y varios de sus hermanos ocupando cargos previos en algunas de ellas —sociedades que, según los investigadores, carecían de actividad económica acorde con los movimientos de dinero que registraban y que habrían servido para emitir facturas y contratos de asesoría presuntamente simulados.