El multimillonario estadounidense James Cox 'Fergie' Chambers Jr., miembro de una de las mayores fortunas de su país vinculada al conglomerado Cox Enterprises, permanece bajo arresto provisional en Ibiza. Su detención se produjo el pasado sábado en cumplimiento de una orden internacional de detención, según han confirmado a EFE fuentes del caso. Por el momento, no han trascendido de manera oficial los cargos específicos que se le imputan ni la identidad del país solicitante de dicha orden de arresto.
Chambers Jr., conocido también por su activismo político y su apoyo a la causa palestina, ha provocado un inmediato revuelo político tras su detención. La formación Podemos Islas Baleares ha reaccionado rápidamente publicando un comunicado este lunes en el que reclama de forma tajante que se rechace la petición de extradición de Chambers a Estados Unidos, al considerar que el procedimiento judicial responde únicamente a una persecución política.
La coordinadora autonómica del partido, Lucía Muñoz, ha apuntado directamente hacia la administración de Donald Trump, a la que ha acusado de intentar “extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina”. Muñoz ha defendido firmemente que España “no puede ser cómplice” en este escenario y ha subrayado que cualquier decisión judicial debe estar completamente garantizada por el respeto a los derechos humanos.
En esta misma línea, la portavoz de la formación morada ha insistido en que las herramientas de la justicia no deben ser utilizadas bajo ningún concepto para “reprimir el activismo o la solidaridad internacional”. Muñoz ha sentenciado que “la solidaridad no es un delito” y ha alertado con profunda preocupación de que “cada vez son más” los intentos por equiparar la legítima defensa de Palestina con una “actividad criminal”.
Por último, desde Podemos se ha advertido con severidad de que una eventual entrega de Chambers Jr. podría llegar a sentar un precedente “gravísimo” y “muy peligroso” para la salvaguarda de los derechos y libertades democráticas en el ámbito internacional. El destino del multimillonario activista queda ahora en manos de las decisiones de la justicia española, bajo la atenta mirada de las formaciones políticas que denuncian el uso de la extradición como un mecanismo de castigo contra la solidaridad internacional.
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