El Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley destinado a ampliar la protección de los trabajadores y las empresas afectados por los incendios forestales que asolan distintos puntos del país y que ya han calcinado más de 172.000 hectáreas, seis veces más que el año pasado.

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Según adelanta El País, el real decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, incluirá una prestación extraordinaria y temporal diseñada para cubrir situaciones de emergencia extrema que hasta ahora carecían de cobertura legal, tales como la inactividad de aquellos empleados que han sido evacuados, han perdido su vivienda o permanecen desplazados como consecuencia de los incendios, aunque su empresa no se haya visto afectada.

Según han precisado fuentes del Ministerio, la principal novedad de este mecanismo radica en que Trabajo plantea asumir el coste de la inactividad laboral de los trabajadores afectados, incluyendo tanto el salario como las cotizaciones a la Seguridad Social, si bien el diseño definitivo de la prestación continúa negociándose.

La iniciativa complementa los mecanismos de protección previstos en la legislación laboral, al crear una ayuda específica financiada con fondos públicos para los trabajadores que hayan perdido su vivienda o permanezcan desplazados por los incendios. Y, a diferencia de los permisos por causas climáticas previstos en el Estatuto de los Trabajadores, esta prestación no supondrá ningún coste para las empresas.

Ampliación de los permisos por fallecimiento

Asimismo, el real decreto ley prevé incorporar una ampliación de los permisos laborales por el fallecimiento de familiares en el contexto de estas catástrofes. Según la información adelantada, el Ministerio de Trabajo plantea añadir cinco días adicionales a los ya establecidos por la legislación actual para estos casos, permitiendo así duplicar la duración del permiso por luto hasta alcanzar un total de diez días.

Esta regulación de urgencia se suma a las herramientas de protección actualmente existentes en el Estatuto de los Trabajadores, como la posibilidad de que las empresas afectadas suspendan contratos o reduzcan jornadas mediante ERTE por fuerza mayor.