La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Guardia Civil que aclare si sus efectivos recibieron alguna advertencia antes de que se produjera la avalancha masiva de migrantes en Ceuta, una información que ha adelantado La Razón. La jueza de instrucción busca dilucidar si "en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta" se llegó a recibir "alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".
En la misma providencia judicial, Tardón reclama a la Jefatura de Información del Instituto Armado que detalle exhaustivamente el "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos" desplegados en la ciudad autónoma tras esta "entrada irregular masiva". Asimismo, la instructora exige precisar "las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte", además de aportar la identidad y los datos de localización de los supervivientes que se hubieran podido recabar.
Por su parte, la formación Iustitia Europa, impulsora de la denuncia que dio origen a la apertura de diligencias previas, ha celebrado que la causa continúe progresando bajo la tutela judicial. Su presidente, Luis María Pardo, se ha felicitado de que la investigación avance "en la dirección que señalamos desde el primer momento", resaltando la trascendencia de que el Instituto Armado informe ahora "sobre el dispositivo desplegado, las víctimas y, sobre todo, sobre las alertas que pudieron recibirse antes de los hechos".
Desde la entidad denunciante defienden firmemente que lo ocurrido constituye una "agresión concertada" que afectó directamente a la soberanía nacional y a la seguridad de España. En un comunicado oficial, señalan que los requerimientos de la jueza coinciden plenamente con "una de las líneas esenciales planteadas" en su escrito judicial, la cual busca "determinar qué información conocían previamente las autoridades, qué medios fueron desplegados y cómo se desarrolló la actuación operativa ante unos hechos que afectaron a la frontera y a la seguridad de España".
La formación política ha calificado de "paradoja" que, mientras la Audiencia Nacional sigue practicando diligencias encaminadas a determinar si España fue víctima de una "agresión concertada procedente de territorio marroquí", algunos miembros de la Unión Europea, como Italia, hayan optado por imponer restricciones unilaterales que perjudican al Estado agredido. En este sentido, han manifestado tajantemente que "la respuesta europea no puede consistir en penalizar a España mientras la Justicia investiga el origen, la planificación y las responsabilidades de unos hechos que afectan a la paz, la independencia y la seguridad del Estado".
El juzgado se encuentra también a la espera de recibir un informe policial clave encargado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Tardón ordenó a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif Central) redactar un informe pormenorizado sobre la "entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí" que se concentró de forma crítica los pasados 30 y 31 de julio. La finalidad de esta medida es determinar si existió "una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal" y tratar de identificar a "quienes hubieran podido participar en tales acciones".
La denuncia penal de Iustitia Europa sitúa el origen de la avalancha en "una estructura" con infraestructura estable y con "capacidad de movilización masiva". El colectivo incide especialmente en la "difusión de convocatorias digitales con instrucciones precisas sobre horarios y puntos vulnerables de la frontera", lo cual, según recalcan, demuestra la existencia de una logística coordinada y un claro reparto de tareas especializado en la "captación digital, logística de transporte y ejecución del cruce".
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