El Ministerio de Defensa ha autorizado nuevas condiciones para el empleo del armamento por parte de los militares desplegados en Ceuta ante el aumento de los ataques y la tensión a la que se enfrentan las patrullas, según han informado a El Independiente fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas allí presentes. La instrucción, trasladada a los efectivos a través de la cadena de mando militar, permite que las unidades cuenten con personal armado para responder en situaciones de autodefensa.
La decisión ha abierto, sin embargo, una importante preocupación entre los propios militares. No tanto por la existencia del armamento —los efectivos ya podían patrullar con distinto material y equipamiento en función de las órdenes de cada jefe de unidad— como por quién debe tomar, en una situación de riesgo, la decisión de utilizarlo y por las consecuencias jurídicas que esa actuación puede tener posteriormente.
Según estas fuentes, las patrullas están formadas habitualmente por cuatro o cinco efectivos. La nueva instrucción establece que uno de ellos pueda portar el armamento con munición real y tenga capacidad para actuar en defensa propia y ante una amenaza que afecte al resto de sus compañeros. La cuestión que preocupa a los efectivos es quién debe determinar cuándo el riesgo para una patrulla es suficientemente grave como para responder con el arma de fuego.
Valorar una amenaza
"Es una persona la que tiene que determinar el riesgo", explican fuentes militares. Una decisión que, subrayan, puede tener consecuencias para los cuatro o cinco integrantes de la patrulla y que debe adoptarse en cuestión de segundos en un escenario potencialmente violento, ya que Defensa ha autorizado que una de las personas de la patrulla esté armada.
El problema, según estas fuentes, no es únicamente la defensa del militar que porta el arma, sino su capacidad para valorar una amenaza que afecta al conjunto de la patrulla. La preocupación se ha intensificado después de los ataques sufridos en las últimas semanas por efectivos desplegados en Ceuta. Uno de los incidentes más graves ocurrió contra una patrulla a la que rodearon y atacaron con piedras un grupo numeroso de personas, un episodio que dejó varios militares heridos.
Ese tipo de situaciones es el que las fuentes consultadas utilizan para explicar las dudas que ha generado la nueva orden. "Qué ocurre si atacan a cuatro o cinco militares y sólo uno de ellos porta el arma con munición real? ¿Quién determina en ese momento que la amenaza ha alcanzado un nivel que permite responder haciendo uso del armamento?". Son preguntas que, según fuentes cercanas a los efectivos, están generando inquietud entre los militares desplegados.
"Nosotros obedecemos órdenes"
La otra gran preocupación es la seguridad jurídica. Los militares actúan dentro de una cadena de mando y obedecen las órdenes recibidas. Pero desde el entorno de los efectivos y desde ATME se insiste en que la actuación en una situación de riesgo extremo puede terminar siendo examinada posteriormente por un juez. "Nosotros obedecemos órdenes", resumen las fuentes consultadas.
El temor es que el militar que, en una situación de máxima tensión, tenga que valorar si existe una amenaza contra él o contra sus compañeros pueda tener que justificar posteriormente por qué decidió actuar.
Los militares consideran que el problema se agrava por la ausencia de la condición de agente de la autoridad. Los efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en estas labores no adquieren automáticamente esa condición por el hecho de realizar patrullas en las calles o apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según la información trasladada a El Independiente, para que los militares fueran investidos como agentes de la autoridad sería necesaria una habilitación normativa específica.
La reclamación de los militares no es, por tanto, únicamente disponer de medios materiales. La principal exigencia es que las órdenes delimiten con claridad qué funciones realizan, qué capacidad de actuación tienen ante una agresión y cuál es el respaldo jurídico con el que cuentan.
Patrullas con equipamiento desigual
Hasta ahora, no todas las patrullas desplegadas en Ceuta contaban con el mismo equipamiento. La presencia de armamento, cascos, chalecos u otros medios de protección dependía de las instrucciones recibidas y de las decisiones adoptadas por los responsables de las unidades. Eso ha provocado que algunos militares hayan desarrollado sus funciones con armamento, otros con casco o chaleco y otros sin contar con todos esos medios.
La nueva autorización se produce en este contexto, después de que ATME haya denunciado reiteradamente las condiciones de seguridad de los efectivos desplegados y reclamado medidas para garantizar su protección.
La asociación insiste, según fuentes cercanas a los militares, en que su preocupación principal sigue siendo el personal: sus condiciones de trabajo, la seguridad de los efectivos, las consecuencias para sus familias y las órdenes que reciben durante el despliegue.
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