La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha respondido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que este trasladara al órgano de gobierno de los jueces su "preocupación" por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de impedir que los agentes de la Policía Nacional que investigan la entrada masiva de migrantes en Ceuta informen a sus superiores sobre sus actuaciones.
Según han informado este jueves fuentes de la cartera de Interior, Marlaska remitió a Perelló una carta en la que, tras expresar su "respeto escrupuloso" a la independencia judicial y reconocer la dependencia de la Policía Judicial de jueces, tribunales y Fiscalía, defendía que la situación de emergencia vivida en Ceuta no debería impedir que los agentes pudieran trasladar también a sus superiores información relevante para la gestión de la crisis.
El ministro recuerda en su escrito que el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional a raíz de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En este contexto, sostiene que la información obtenida por los investigadores puede ser "de gran interés" para Interior y para el Ejecutivo, dadas sus competencias constitucionales en materia de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.
Marlaska plantea así que el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad judicial pueda convivir con la comunicación a los responsables políticos de aquellas circunstancias que puedan resultar relevantes para la seguridad nacional. Su petición a Perelló se produce después de que la magistrada ordenara a los investigadores no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y el contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional, tal y como reveló El Independiente. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), apunta a una actuación activa de las fuerzas de seguridad marroquíes y descarta que lo ocurrido pudiera considerarse un episodio espontáneo o incidental.
Dependencia de la policía judicial
El ministro reconoce en su carta "dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones". Sin embargo, sostiene que las circunstancias excepcionales de Ceuta obligan a plantearse si esa reserva puede impedir cualquier comunicación con los responsables políticos.
Marlaska recuerda que el Gobierno declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional al amparo de la Ley 36/2015. En este contexto, considera que “no debería ser incompatible” atender los requerimientos de los órganos judiciales y, al mismo tiempo, trasladar a los superiores y responsables políticos “cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.
La petición del ministro se produce en plena polémica por el desconocimiento que, según Interior, tenía la cúpula policial sobre el informe del CENIF. El director general de la Policía, Francisco Pardo, negó inicialmente que existiera un documento que atribuyera a Marruecos la planificación o ejecución de la crisis. Horas después, sin embargo, salió a la luz el informe, de 55 páginas, remitido a la Audiencia Nacional.
Un "gran interés"
Ahora Marlaska eleva el debate al órgano de gobierno de los jueces. Defiende que la información policial es de “gran interés” para Interior y para que el Ejecutivo pueda ejercer sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.
Por ello, reclama que, en situaciones de extrema gravedad como la de Ceuta, pueda existir una doble vía: que la Policía Judicial informe a los órganos judiciales para el ejercicio de sus funciones y que, simultáneamente, facilite al Gobierno aquella información relevante para adoptar las decisiones necesarias en defensa del “interés general” y, específicamente, de la seguridad pública y nacional.
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