El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria de la Policía Nacional, prepara acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional contra la instalación del dispositivo temporal de acogida para migrantes previsto en terrenos del Puerto de Ceuta. El sindicato policial pide medidas cautelarísimas ante las dudas sobre la seguridad de instalar el dispositivo en 16.000 metros cuadrados del recinto portuario Los agentes consideran que existen dudas sobre la seguridad y la idoneidad del emplazamiento y reclaman que se acredite qué informes técnicos avalaron la decisión de concentrar a alrededor de mil personas en unas instalaciones situadas dentro del dominio público portuario.
El sindicato ha dirigido este lunes una solicitud formal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Autoridad Portuaria de Ceuta y a Puertos del Estado para que se valore la suspensión de la ocupación mientras se comprueba la compatibilidad del dispositivo con la explotación y protección del puerto, así como las condiciones de seguridad, emergencias y prevención de riesgos. La organización sindical sostiene que, si los informes concluyen que existen riesgos incompatibles o difícilmente compatibles con la ubicación elegida, el dispositivo debería ser trasladado fuera del entorno portuario.
Protección del Puerto de Ceuta
El asunto cobra especial relevancia por las características del emplazamiento. La instalación está prevista sobre aproximadamente 16.000 metros cuadrados de las parcelas de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, con capacidad aproximada para 1.000 personas. Los agentes reclaman conocer, entre otras cuestiones, el informe técnico concreto en virtud del cual se consideró que la instalación era compatible con la normal explotación del puerto, qué organismo lo elaboró, cuándo se emitió y cuáles fueron sus principales conclusiones. El Independiente se ha puesto en contacto con el ministerio de Transportes pero no ha obtenido respuesta al respecto.
La organización policial también exige saber si antes de adoptar la decisión se revisó la Evaluación de Protección del Puerto de Ceuta y si fue necesario modificar su Plan de Protección como consecuencia de la implantación del dispositivo. En concreto, pide información sobre los protocolos de acceso, las zonas restringidas, la evacuación, las emergencias y la respuesta ante posibles incidentes de seguridad.
El riesgo de incendios
La preocupación del sindicato se extiende especialmente a los riesgos de incendio y evacuación. El SUP reclama que se realice un estudio específico que contemple las vías de evacuación, el aforo máximo, los tiempos de intervención, la sectorización de los espacios y la accesibilidad de los vehículos de emergencia. La petición se produce después de los incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta, que han requerido la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de emergencia.
El sindicato insiste en que su posición no cuestiona la obligación de las administraciones de ofrecer atención humanitaria a las personas migrantes. Su objeción se dirige al emplazamiento y a las condiciones de seguridad del dispositivo. “No podemos volver a actuar cuando el problema ya se ha producido”, sostienen, y reclaman que la prevención se anteponga a la improvisación.
Riesgos para policías, viajeros y trabajadores
La ubicación dentro del recinto portuario introduce además escenarios específicos que, según el sindicato, deberían haberse evaluado antes de poner en funcionamiento el dispositivo. El SUP reclama que se determine qué respuesta policial sería necesaria ante posibles alteraciones del orden, peleas, concentraciones de personas en las inmediaciones o intentos de acceder a zonas restringidas del puerto o aproximarse a las áreas de embarque y ferris.
La organización no afirma que estos incidentes vayan a producirse, pero considera necesario que las administraciones hayan previsto esos escenarios antes de concentrar a un millar de personas en un entorno con actividad portuaria. Cualquier incidente podría obligar a intervenir simultáneamente sobre el dispositivo y sobre los accesos y servicios del puerto, afectando potencialmente a viajeros, trabajadores y a las propias personas acogidas.
Por ello, han reclamado a la Dirección General de la Policía una evaluación específica y urgente de los riesgos laborales y operativos a los que se enfrentarán los agentes que tengan que prestar servicio en ese entorno. La organización quiere que esa evaluación determine las necesidades adicionales de efectivos, vehículos, medios de protección y comunicaciones, además de los protocolos necesarios ante alteraciones del orden público, incendios, evacuaciones, intrusiones u otras emergencias.
También reclama que se valore la incidencia del dispositivo sobre instalaciones vinculadas a combustibles, energía y otros servicios esenciales existentes en el recinto portuario o en sus inmediaciones. En este punto, el sindicato pide que el órgano competente en materia de protección de infraestructuras críticas determine si la instalación tiene alguna incidencia sobre infraestructuras estratégicas o servicios esenciales y qué medidas adicionales de coordinación o protección serían necesarias.
La declaración de interés para la Seguridad Nacional
La petición del SUP se produce además después de que el Gobierno declarara, mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta. El sindicato recuerda que esa declaración contempla la puesta a disposición de recursos y que el propio marco aprobado establece principios como la necesidad, idoneidad, proporcionalidad, eficiencia y temporalidad.
Precisamente por ello, la organización policial sostiene que la utilización de terrenos portuarios no puede entenderse al margen de la normativa sectorial aplicable. Reclama que se identifique el título jurídico que permite ocupar los terrenos y que se hagan públicos, dentro de los límites que marque la normativa sobre información sensible, los informes que determinaron la idoneidad de la ubicación.
El SUP también quiere conocer qué otras alternativas fueron estudiadas antes de elegir las parcelas del Puerto de Ceuta y cuáles fueron los criterios utilizados para descartarlas. En su escrito reclama que se motive específicamente por qué se optó por este emplazamiento y si existían otros terrenos disponibles fuera del recinto portuario.
La organización ha solicitado asimismo que, mientras no se completen estas evaluaciones, se adopten las medidas provisionales necesarias, incluida la suspensión del dispositivo. Si los informes concluyen que existen riesgos incompatibles con la ubicación, exige su reubicación inmediata fuera del entorno portuario y suficientemente alejada de instalaciones estratégicas o potencialmente peligrosas.
El Ministerio del Interior y el de Transportes no han respondido por el momento a las preguntas planteadas por este periódico sobre los informes que avalaron la elección de los terrenos y sobre las evaluaciones de seguridad realizadas antes de la instalación del dispositivo.
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