La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta puede llevar a la jueza María Tardón hasta secretos oficiales de Estado. La instructora ha reclamado a una larga lista de organismos policiales, militares y de inteligencia todas las alertas, informes y comunicaciones elaborados en las semanas previas a la avalancha de los pasados 30 y 31 de julio. Y, si alguno de ellos estuviera formalmente sometido al secreto oficial, la jueza tendría que solicitar su desclasificación al Gobierno para poder incorporarlos a la causa, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente.
Tardón quiere reconstruir qué información manejaron las autoridades españolas antes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, cuándo recibieron esos avisos y qué hicieron después. Para ello ha pedido a Interior, Defensa, Policía Nacional, Guardia Civil y otros organismos toda la documentación relacionada con el riesgo de una entrada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto. La petición incluye las alertas y comunicaciones, pero también quién las recibió, por qué vía, a qué hora y qué medidas se adoptaron en respuesta.
El escenario se complicaría si entre esos documentos aparece información formalmente clasificada y la jueza considera que necesita acceder a ella para avanzar en su investigación. En ese caso, Tardón no podría incorporarla directamente a la causa por orden propia. . La Ley de Secretos Oficiales atribuye al órgano que realizó la clasificación la competencia para acordar su cancelación; cuando la clasificación corresponde al Gobierno, es el Consejo de Ministros quien debe decidir si levanta el secreto.
Y la petición de Tardón va bastante más allá de conocer qué avisos recibió la Delegación del Gobierno. La magistrada quiere reconstruir toda la cadena de información y respuesta de los organismos de seguridad españoles antes, durante y después de la entrada masiva. Para ello reclama desde informes sobre la organización digital de la movilización y datos de los perfiles que difundieron la convocatoria hasta análisis biométricos de personas identificadas en las imágenes y la reconstrucción de la cadena de mando de los agentes marroquíes que aparecen en las grabaciones.
Entre las diligencias acordadas se encuentra un requerimiento al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de todas las imágenes satelitales disponibles de la playa de Fnideq y de El Trampolín, en Ceuta, entre el 20 de julio y el 7 de agosto. También solicita las imágenes videográficas que pudieran haber obtenido los mandos operativos aéreo, marítimo y terrestre, las grabaciones de sus sistemas de vigilancia y las alertas o análisis de riesgos que hubieran emitido sobre una posible entrada masiva.
La instructora quiere conocer, además, quién pidió esas imágenes y cuándo, por lo que ha requerido a la empresa tecnológica HI IBERIA que identifique todas las solicitudes realizadas mediante la herramienta SEDA para obtener imágenes satelitales de la zona fronteriza durante ese periodo, así como la persona u organismo que las encargó. Asimismo, ha pedido a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el CENIF que identifiquen a las personas que aparecen en las imágenes y analicen sus posibles vínculos, así como que estudien quién pudo tener capacidad para planificar y coordinar una movilización de esas dimensiones. Y también ha requerido un informe sobre la posible financiación de la operación, incluidos movimientos económicos, sistemas informales de transferencia de fondos y la utilización de hawala.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros acordó el pasado 8 de septiembre desclasificar documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva en Ceuta, así como comunicaciones internas entre organismos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Ello permitió hacer públicos los avisos que el CNI había trasladado antes de la avalancha. Entre ellos se encuentra el mensaje enviado el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta en el que un agente advertía de un llamamiento en redes sociales para intentar acceder a la ciudad por la valla y por mar al día siguiente.
¿Y si el Gobierno dice que no?
Si el Consejo de Ministros decidiera mantener la clasificación de un documento que Tardón considera necesario para su investigación, la decisión del Ejecutivo sería recurrible por la vía contencioso-administrativa a través de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según explican fuentes del caso a este periódico.
Existe un precedente directo que explica qué ocurriría después. En 1995, el entonces Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia reclamó al CESID y al Ministerio de Defensa documentación clasificada relacionada con las investigaciones sobre los GAL. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción estableció que el juez instructor no podía imponer directamente la entrega de esos documentos al ministro, sino que debía trasladar una exposición razonada al órgano competente para que el Gobierno valorase si procedía levantar la clasificación.
Dos años después, en abril de 1997, la Sala Tercera del Tribunal Supremo revisó precisamente una decisión del Consejo de Ministros que había rechazado desclasificar documentación solicitada por un juez de instrucción en una investigación sobre asesinatos relacionados con los GAL. El Supremo sostuvo que los acuerdos gubernamentales sobre clasificación y desclasificación pueden quedar sometidos a control judicial y, tras ponderar la seguridad del Estado con el derecho a la tutela judicial efectiva, ordenó al Gobierno cancelar la clasificación como materia secreta de uno de los documentos y entregarlo al juzgado que lo había solicitado.
Por ahora, ese escenario es todavía hipotético. Tardón está a la espera de recibir buena parte de la documentación que ha reclamado y ha citado además a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz; y al jefe de la Policía Local de Ceuta, los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, tal y como informó este periódico.