Efectivos de la Policía Nacional han acordonado desde primera hora de la mañana de este miércoles los alrededores del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, para proceder al levantamiento de la acampada instalada por el Sindicato de Inquilinas y despejar la zona ante el cuarto y definitivo intento de desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50%.
La comisión judicial se ha presentado en la vivienda alrededor de las 9:30 horas de la mañana. Durante más de una hora, la abogada de la afectada, Beatriz Duro ha mantenido negociaciones con la comisión y con la procuradora de la empresa tenedora —Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., que adquirió el edificio en 2018 para incrementar la renta en un 275%— con el fin de frenar el deshaucio.
La propiedad ha rechazado suspender el desalojo por razones humanitarias, ha negado un margen de entre quince días y un mes para una salida digna y ha descartado la propuesta in extremis de una escritora anónima. Asimismo, la defensa ha indicado que aún permanece pendiente de resolución un escrito judicial presentado para pedir la suspensión. .
Decenas de personas estaban concentradas en las inmediaciones tras la intervención policial, a la espera de la llegada de la comisión judicial encargada de ejecutar el lanzamiento. Entre los asistentes que se han acoplado a la movilización iniciada la tarde del martes se encuentran representantes políticos como la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago, así como rostros del ámbito cultural como la cantante Ana Belén o la comunicadora Inés Hernand.
Durante el dispositivo se han registrado momentos de tensión, empujones y gritos como "Podría ser tu madre, podría ser tu abuela". La propia afectada se dirigió a los congregados durante la concentración de la noche anterior para manifestar su rechazo al desalojo de la casa en la que reside desde hace 71 años. "Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea", afirmó Maricarmen, animando a la ciudadanía a organizarse ante los problemas de acceso a la vivienda.
La oferta de última hora de una escritora anónima
El intento de lanzamiento se produce tras darse a conocer una propuesta in extremis impulsada por una conocida escritora, que ha preferido mantener su anonimato. La autora se ha puesto en contacto con el Sindicato de Inquilinas para ofrecerse a abonar la diferencia entre los 500 euros mensuales que paga actualmente la inquilina y los 2.650 euros que exige la propiedad del inmueble, cubriendo dicha cuantía "hasta el fin de sus días". La empresa tenedora ha rechazado la oferta de la escritora.
Siete décadas de contrato de "renta antigua"
El conflicto judicial se remonta a la compra del edificio por parte del fondo inmobiliario. El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento en 1956. Con el paso de los años, el contrato fue subrogado primero a su madre y posteriormente a ella, manteniendo las actualizaciones anuales ligadas al IPC y el pago de tributos como el IBI bajo la modalidad conocida como "renta antigua".
A pesar de que los tribunales de primera instancia dieron inicialmente la razón a la inquilina, el Tribunal Supremo acabó fallando a favor de la empresa propietaria, dejando la orden de desahucio sin posibilidad de nuevos recursos judiciales. El caso ha motivado la intervención de Naciones Unidas, que ha requerido al Estado español la adopción de medidas cautelares para evitar el lanzamiento y asegurar una solución habitacional adecuada.
Cruce de acusaciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento
El caso de Maricarmen ha desencadenado una fuerte controversia institucional entre el Gobierno central y las administraciones locales. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital a intervenir, respaldando la petición de la ONU. Desde el departamento estatal han criticado al Consistorio madrileño por no pronunciarse sobre la vulnerabilidad de la mujer y a la Comunidad por no facilitarle una alternativa habitacional o un complemento de rentas.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han desmentido las acusaciones del Ministerio tildándolas de falsas y han asegurado que los servicios sociales municipales emitieron el informe de vulnerabilidad requerido por el juzgado en octubre de 2025. Desde el Gobierno municipal señalan que la afectada es usuaria del servicio de ayuda a domicilio y argumentan que la anciana ha rechazado expresamente los recursos de alojamiento alternativo que se le han ofrecido al no ajustarse a sus pretensiones. Efectivos del Samur Social han estado presentes en el operativo para ofrecerle atención inmediata de emergencia social tras el desalojo.
Te puede interesar