Las fiscalías especializadas en Crimen Organizado y Derechos Humanos de Bolivia ya investigan el denominado ‘caso Zapatero’. La Fiscalía General del Estado boliviano ha confirmado oficialmente la existencia de dos investigaciones preliminares abiertas relacionadas con los hechos denunciados, una de ellas iniciada después de la denuncia presentada contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias.
La confirmación figura en un informe remitido el pasado 21 de julio por la Fiscalía General boliviana a la Cámara de Senadores, en respuesta a una iniciativa parlamentaria que reclamaba al Ministerio Público que impulsara la denuncia presentada por el abogado Cristian Pablo Mina Aguilar, según ha podido confirmar El Independiente. El documento está suscrito por cuatro fiscales superiores. Dos de ellos pertenecen a la Fiscalía Superior Especializada en Crimen Organizado y otros dos de la Fiscalía Superior en Derechos Humanos.
La respuesta de la Fiscalía es explícita. La denuncia fue remitida a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, sometida al correspondiente test de admisibilidad y, posteriormente, “se dispuso el inicio de la investigación correspondiente”. El procedimiento se encuentra actualmente en fase preliminar y está dirigido por el fiscal Ángel Mario Durán Guzmán.
Una investigación de oficio
Pero no es la única investigación en marcha. El informe de la Fiscalía General señala que existe además otra investigación iniciada de oficio el 30 de junio de 2026 también en etapa preliminar. Esta segunda investigación está bajo la dirección del fiscal Javier Ángel Gorena Camacho, coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.
El informe deja claro que la denuncia ya ha superado la fase de admisión y que el Ministerio Público boliviano ha abierto una investigación preliminar en la que ya se están practicando diligencias concretas. Entre ellas figura el requerimiento de información sobre la actuación de Zapatero, su eventual vinculación contractual, su cargo y período de funciones, así como sus ingresos y salidas del territorio boliviano.
También se han solicitado documentos y datos económicos, societarios y contractuales relacionados con el Grupo Gloria, Focus Social Research y otras personas físicas y jurídicas que aparecen vinculadas a los hechos objeto de investigación.
El pleito entre FANCESA y SOBOCE
El nombre de Zapatero aparece ligado en la denuncia a las presuntas gestiones realizadas en Bolivia en relación con el conflicto judicial entre FANCESA (Fábrica Nacional de Cemento) y SOBOCE (Sociedad Boliviana de Cemento), integrada en el Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con intereses en Bolivia. El enfrentamiento derivó en un litigio por competencia desleal que terminó con una condena contra SOBOCE y una indemnización de alrededor de 107 millones de dólares a favor de FANCESA. La Fiscalía boliviana investiga ahora si las actuaciones atribuidas a Zapatero tuvieron alguna relación indebida con ese procedimiento.
Es en este contexto donde aparece María del Carmen Almendras Camargo, exembajadora de Bolivia en España y posteriormente vinculada profesionalmente a la consultora Kreab Bolivia. Según el informe de la UDEF y las agendas intervenidas del expresidente Rodríguez Zapatero, Almendras actuó como interlocutora entre el entorno de Zapatero y representantes del Grupo Gloria. La cronología policial sitúa un primer encuentro el 8 de mayo de 2024, en la oficina de Zapatero en Madrid, y otro dos días después en el hotel AC Santo Mauro.
La relación entre ambos no quedó limitada a aquellos encuentros. Las agendas y comunicaciones analizadas por los investigadores reflejan nuevos contactos y reuniones entre Zapatero y Almendras durante 2024 y 2025, en paralelo a las gestiones relacionadas con Bolivia. Después de la primera reunión de mayo, Almendras remitió al entorno del expresidente documentación sobre la situación de SOBOCE, mientras Zapatero mantuvo posteriormente contactos con representantes del Grupo Gloria, entre ellos el CEO de la cementera, y comenzó a organizar reuniones con miembros del Gobierno boliviano.
Zapatero viajó a Bolivia
La UDEF sitúa además a Almendras en la preparación del viaje que Zapatero realizó a Bolivia en septiembre de 2024. En ese desplazamiento, el expresidente mantuvo reuniones con el entonces presidente boliviano, Luis Arce, y con miembros de su Gobierno. La investigación policial relaciona esas gestiones con el conflicto que enfrentaba a SOBOCE y FANCESA. Posteriormente, las comunicaciones analizadas por los investigadores reflejan nuevos intentos de organizar contactos con autoridades bolivianas durante 2025.
La Fiscalía boliviana ha incorporado también a Almendras a sus diligencias. Según ha informado el fiscal departamental de Chuquisaca, Almendras ha prestado declaración ante el Ministerio Público a principios de este mes de septiembre, al igual que el exministro de Economía Marcelo Montenegro. La investigación incluye asimismo a Zapatero y a su secretaria María Gertrudis Alcázar, para quienes la Fiscalía boliviana ha recurrido a mecanismos de cooperación internacional.
Cooperación con España
La investigación boliviana ha comenzado además a cruzar fronteras. La Fiscalía General confirma en su respuesta que, a través de su Unidad de Asuntos Internacionales, ya ha activado solicitudes de cooperación judicial internacional dirigidas a España y Perú para obtener documentación vinculada con los hechos.
Las solicitudes buscan recabar antecedentes, informes y otros elementos de convicción útiles para el esclarecimiento del caso. A fecha de elaboración del documento, estas peticiones se encontraban en trámite y pendientes de respuesta por parte de las autoridades requeridas. El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, ya había confirmado en julio que se habían solicitado a España y Perú documentos relacionados con la investigación.
La cooperación con España había sido precisamente una de las actuaciones reclamadas por la Cámara de Senadores boliviana, que pidió al Ministerio Público que solicitara documentación relacionada con el denominado ‘caso Plus Ultra’, incluido el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), así como las comunicaciones de WhatsApp y otras comunicaciones electrónicas vinculadas con los hechos denunciados.
También se reclamó información relativa a Focus Social Research, empresa con la que Zapatero cobró 200.000 euros, incluyendo sus contratos y pagos y cualquier otro antecedente relacionado con su presunta intervención en los hechos.
Los contratos y los movimientos de Zapatero
El informe de la Fiscalía confirma además que se han realizado requerimientos internos al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), al Servicio de Impuestos Nacionales, a FANCESA, a SOBOCE, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección General de Migración.
El objetivo es recabar documentación relativa a Focus Social Research, al Grupo Gloria y al contrato de consultoría suscrito con José Luis Rodríguez Zapatero, además de otros antecedentes considerados relevantes para las diligencias.
La investigación parte, entre otros elementos, de las conclusiones de la UDEF sobre los 200.000 euros abonados a Zapatero a través de Focus Social Research. Según el informe policial, esos pagos estarían vinculados a las gestiones realizadas en favor de intereses relacionados con el Grupo Gloria. La versión policial es objeto de controversia ya que la defensa de Zapatero ha recurrido ante la Audiencia Nacional para intentar excluir del procedimiento el informe sobre sus actividades en Bolivia, al considerar que esas pesquisas exceden el objeto de la causa Plus Ultra.
La denuncia presentada en Bolivia reclama precisamente que las autoridades incorporen ese material a la investigación. El escrito pide a la Fiscalía boliviana que solicite a España una copia certificada del informe de la UDEF y las conversaciones extraídas del teléfono de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar. También reclama documentación sobre los viajes y reuniones del expresidente en Bolivia y sus accesos a la Casa Grande del Pueblo.
La existencia de estas actuaciones queda recogida expresamente en las conclusiones del informe. La Fiscalía General boliviana señala que su respuesta a la Cámara de Senadores se sustenta en la “existencia de investigaciones abiertas”, en la práctica de “diligencias investigativas concretas”, en la activación de mecanismos de cooperación internacional y en el seguimiento de las actuaciones que continúan en curso.
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