Se apela a él como una obligación de las instituciones y un derecho de los ciudadanos. Pero en realidad, el artículo 47 de la Constitución Española que recoge el derecho a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada" de todos los españoles ha quedado más como un deseo de quienes lo redactaron, como un "principio rector" de las políticas públicas, que en una exigencia que la clase dirigente se esfuerza en cumplir. En Euskadi, hace más de una década que se quiso dar un paso más y se reconoció el "derecho subjetivo" a una vivienda.
Un derecho que no solo se puede reclamar a los gobiernos con manifestaciones o "acampadas", sino que se puede solicitar que sea reconocido por vía judicial. En el País Vasco, 18.500 familias ya tienen reconocido este derecho que obliga a la Administración pública a facilitar una solución habitacional al titular del derecho o a compensar económicamente para que pueda disfrutar de una vivienda en alquiler.
La Ley 3/2015 de 18 de junio fue pionera en reconocer y garantizar el derecho de todas las personas o unidades convivenciales a una solución habitacional o a una prestación pública suficiente para disfrutar de ella. Además, en caso de que la Administración no cumpla, los ciudadanos que reúnan los requisitos para este reconocimiento del derecho subjetivo a una vivienda, pueden recurrir ante un juez para hacerla cumplir.
En la práctica, en la mayoría de los casos ante la falta de disponibilidad de viviendas, la solución que está aplicando desde 2016 la Administración vasca es el pago de una compensación de hasta 300 euros al mes para el pago de un alquiler. Una ayuda reconocida como Prestación Económica de Vivienda (PEV) y que fija umbrales de ingresos para poder beneficiarse de ella. Para unidades convivenciales de tres o más miembros se establece que se deberán ingresar en esa unidad menos de 20.000 euros al año. En caso de tratarse de una unidad de convivencia de dos integrantes el umbral se fija en ingresos inferiores a 18.000 euros al año y a 14.000 euros anuales en el caso de un solicitante individual.
VPO y ayudas al alquiler
Otro de los requisitos que se establece es haber estado inscrito en el servicio de vivienda del Gobierno Vasco, Etxebide, durante al menos tres años y acreditar al menos un año de residencia en Euskadi.
El sistema público de vivienda en Euskadi se estructura en tres ámbitos de ayudas: juventud, renta de ingresos y situaciones de emergencia. La PEV está directamente vinculada al reconocimiento del derecho subjetivo a una vivienda. Cuando el Gobierno no dispone de viviendas de protección oficial para alquiler, este derecho se satisface con el pago de una ayuda mensual para el pago del alquiler.
Una medida que está dirigida a colectivos de necesidad económica importante y a la que se suma otro colectivo en situación económica difícil como son los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos. En este caso, la RGI es una cobertura de necesidades básicas que incluye además el apoyo al pago de costes derivados del acceso a una vivienda. En este punto también irrumpen otro tipo de ayudas, como las Ayudas de Emergencia Social (AES) que pagan los ayuntamientos y que se destinan a financiar costes derivados de hipotecas, suministros básicos (luz, agua, gas) o alquileres.
110.000 demandantes de vivienda
En el caso de los jóvenes con dificultades de acceso a la vivienda, en el País Vasco se han puesto en marcha en los últimos años distintos programas como "Gaztelagun", una ayuda al alquiler en el mercado libre que permite a jóvenes de entre 18 a 35 años obtener una ayuda de hasta el 50% de la renta mensual del piso si se acreditan ingresos por debajo de 30.000 euros anuales y de 36.764 en el caso de una unidad familiar. Rentas de alquiler que en el caso de las tres capitales vascas no podrán superar los 900 euros y los 750 euros en el resto de municipios. Además, otro programa específico para los jóvenes, "Emantzipa", promueve la emancipación de los jóvenes de entre 23 a 29 años y supone una ayuda de 300 euros al mes durante un máximo de dos años.
En Euskadi, el precio de la vivienda se ha disparado de modo importante y con ello el número de solicitantes. El servicio vasco de vivienda, Etxebide, cifraba en casi 110.000 las unidades convivenciales que se habían registrado para solicitar una vivienda. Una cifra que supone un incremento del 5,3% en solo un año. La mayoría solicitaba una vivienda de alquiler -85.286- frente a una cuarta parte, 24.497, que lo hacía para comprar piso. Solo en Bizkaia se concentra el 53% de las solicitudes, frente al 29% en Gipuzkoa y el 17% en Álava.
En la mayoría de los casos, las peticiones de vivienda protegida corresponden a demandantes individuales. De las cerca de 110.000 peticiones, 69.000 correspondían a hogares uniconvivenciales, 17.560 de dos miembros y 23.181 de tres o más. La renta media ponderada del conjunto de demandantes se situaba en los 16.272 euros.
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