El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en el municipio de Urda (Toledo). Entre las víctimas identificadas figuran la totalidad de las personas de nacionalidad española que viajaban en el convoy (54), además de dos ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad francesa y otro portuguesa, según el balance facilitado por el Centro Integrado de Datos (CID).
El recuento provisional de víctimas mortales se mantiene en 69 personas. Los trabajos se centran ahora en la filiación de los 13 cuerpos restantes, un proceso que las autoridades esperan completar en las próximas horas y que depende de las actuaciones de cooperación internacional policial y judicial, dado que se trata de ciudadanos extranjeros. En este sentido, constan actualmente 13 denuncias activas por desaparición pertenecientes a viajeros de ocho países: cuatro de Estados Unidos, dos de Australia, dos de Japón, uno de Argentina, uno de Canadá, uno de México, uno de República Checa y uno de Túnez.
En cuanto a los procedimientos técnicos, 52 de las 56 identificaciones se han llevado a cabo mediante el cotejo de huellas dactilares a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, mientras que las cuatro restantes se han resuelto a través del análisis de perfiles de ADN.
Hasta el momento, los equipos forenses han notificado de forma fehaciente la identificación a 51 familias –33 correspondientes a hombres y 18 a mujeres–, y un total de 36 cuerpos ya han sido puestos a disposición de sus allegados. Las cinco identificaciones restantes se comunicarán con la mayor celeridad posible. El protocolo nacional activado para este suceso de víctimas múltiples estipula que la información debe comunicarse de manera estrictamente personal y presencial antes de incorporarse a las estadísticas oficiales.
Un dispositivo con más de 60 especialistas
Las labores de autopsia e identificación se desarrollan de forma ininterrumpida desde el mismo miércoles en la sede forense de Toledo, bajo un operativo que integra a más de 60 profesionales.
El equipo está compuesto por 18 médicos forenses procedentes de los Institutos de Medicina Legal de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), junto a dos forenses asesoras del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El dispositivo técnico lo completan seis técnicos de autopsias de Toledo, Albacete y Guadalajara, nueve especialistas del Instituto Nacional de Toxicología dedicados a la extracción de ADN post mórtem, y 27 agentes de la Guardia Civil —adscritos al Servicio de Criminalística y a Policía Judicial— que cruzan las muestras biológicas y dactilares con los datos aportados por los familiares en las denuncias.
La atención a los allegados cuenta con el apoyo de cuatro psicólogas forenses de órganos territoriales y estatales, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa prestando soporte logístico directo a las instalaciones del instituto anatómico toledano.
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