La Asociación Viento Alto exigió este miércoles al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que permita de forma inmediata el inicio de las obras del Clúster eólico del Maestrazgo, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado en sentencia firme el visto bueno ambiental del conjunto del proyecto y la legalidad de las autorizaciones del parque eólico El Cid I.
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En una rueda de prensa, celebró que el Supremo haya desestimado el recurso de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y haya confirmado en sentencia firme que las autorizaciones del parque eólico El Cid I son conformes a Derecho y que la evaluación ambiental se realizó con plena sujeción al principio de legalidad

Los alcaldes reclaman al Ministerio que ponga fin sin más demora al bloqueo administrativo y permita iniciar las obras de un proyecto que el Supremo reconoce de “interés público superior” y que permitirá poner en marcha más de 100 medidas de alto impacto económico y social aprobadas ya en los plenos municipales y listas para ejecutarse en cuanto arranquen las obras

Para los alcaldes del Maestrazgo, la sentencia del alto tribunal ratifica lo que llevan más de nueve años defendiendo desde los municipios: “Que el proyecto ha sido estudiado con rigor, se ha tramitado conforme a Derecho y puede desarrollarse con todas las garantías”, ha afirmado Fernando Safont, presidente de Viento Alto y alcalde de La Iglesuela del Cid. “La justicia nos ha dado la razón, lo que no puede devolvernos es el tiempo perdido”.

“El Tribunal Supremo ya ha hablado. Ha confirmado que las decisiones recurridas son ajustadas a Derecho, ha avalado la evaluación ambiental del Clúster y ha confirmado los permisos de El Cid I. Ahora le toca al Ministerio actuar y permitir que las obras comiencen de inmediato. Nuestros pueblos no pueden seguir esperando”, ha señalado Fernando Safont.

Evaluación ambiental

Para Viento Alto, resulta especialmente relevante que el Tribunal Supremo no se limite a confirmar la validez formal de las autorizaciones, sino que entre de lleno en el fondo de las principales alegaciones ambientales formuladas contra el proyecto y respalde expresamente la evaluación realizada.

La sentencia concluye que el órgano ambiental actuó “con plena sujeción al principio de legalidad” y aplicó los requisitos más exigentes atendiendo a los principios de prevención y precaución ambiental, resaltan desde Viento Alto.

Estas exigencias tuvieron efectos concretos sobre el diseño del proyecto, entre ellos la eliminación de dos parques completos, la supresión de otros 23 aerogeneradores y la modificación de las infraestructuras de evacuación. El Supremo también respalda la evaluación conjunta de los 22 parques, al considerar que permitió un análisis más completo, y concluye que se realizó un estudio detallado de las posibles afecciones sobre la Red Natura 2000.

“Durante años se ha tratado de presentar este proyecto como si su tramitación ambiental hubiera sido deficiente. La sentencia dice exactamente lo contrario: confirma que la Administración aplicó criterios especialmente exigentes, que estudió detalladamente las afecciones y que el proyecto se modificó precisamente para garantizar una mayor protección del territorio”, ha señalado Safont.

En el comunicado difundido, los alcaldes de Viento Alto enfatizaron que el Tribunal reconoce expresamente que el proyecto tiene un “interés público superior” como instalación de energías renovables y señala que no se han aportado pruebas claras de daños ambientales importantes que no puedan ser reducidos o compensados mediante las medidas previstas.

“No podemos perder más tiempo”

Desde Viento Alto consideran que “esta sentencia debe poner fin a la situación de incertidumbre que ha acompañado al proyecto durante los últimos años y que, para sus municipios, se ha convertido ya en una situación límite”.

“No pedimos ningún privilegio. Pedimos que un proyecto que tiene su evaluación ambiental avalada por el Tribunal Supremo y el apoyo del cien por cien de los municipios en los que se va a desarrollar pueda empezar a construirse. No podemos perder más tiempo. Cada mes que pasa, nuestros pueblos pierden vecinos y oportunidades que ya no vuelven”, ha afirmado Safont.

Antes de esta sentencia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya habían rechazado en distintas ocasiones las peticiones para paralizar cautelarmente el proyecto. “Por ello, entendemos que el pronunciamiento firme del Supremo aporta al Ministerio la seguridad jurídica necesaria para permitir el inicio inmediato de las obras. Mantener el bloqueo después de esta sentencia solo prolonga un perjuicio que están pagando nuestros vecinos”, afirmó el presidente de Viento Alto.

Medidas

Desde Viento Alto afirman que no pueden asumir ni un día más de retraso, ya que cualquier demora tiene consecuencias directas para los municipios y sus vecinos. “El Clúster eólico del Maestrazgo supone inversión, empleo, actividad económica e ingresos para los ayuntamientos, que permitirán reforzar servicios e infraestructuras y mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos”, aseguran desde la asociación.

Viento Alto ha recordado también que los plenos municipales de sus municipios ya han aprobado más de 100 medidas de alto impacto socioeconómico que están listas para ejecutarse de forma inmediata en cuanto comiencen las obras. Entre ellas han destacado ayudas para la vivienda, rebajas del IBI, residencias de mayores y guarderías, apoyo a familias, jóvenes y mayores, mejoras de infraestructuras y servicios municipales, y medidas de apoyo al comercio local, la ganadería y el emprendimiento. “No son promesas ni proyectos sobre el papel: son acuerdos ya adoptados por nuestros plenos que solo esperan a que empiece la construcción para hacerse realidad” afirman los alcaldes.

“Cada mes de retraso es inversión que no llega, empleo que no se crea y medidas para nuestros vecinos que siguen esperando. El Maestrazgo no es un decorado. Aquí vivimos familias, jóvenes, mayores, autónomos, ganaderos y empresarios que necesitan oportunidades para poder quedarse. Hay residencias, guarderías y ayudas a la vivienda ya aprobadas que solo esperan a que empiecen las obras”, ha señalado Safont.

“El Supremo ha avalado el visto bueno ambiental del Clúster, ha confirmado los permisos de El Cid I y ha reconocido el interés público del proyecto. Ya no caben más esperas. Ahora la responsabilidad está en el Ministerio. Nuestros pueblos no pueden perder ni un mes más”, manifestó Fernando Safont.