El Gobierno vincula la recuperación de la confianza en la red ferroviaria con el mantenimiento e incremento de los ingresos públicos. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha advertido este viernes de que el país afronta la necesidad de acometer una inversión "adicional" tanto en la alta velocidad como en la red de Cercanías, un esfuerzo financiero que ha calificado de "prioridad" para el Ejecutivo de cara a la próxima legislatura y que, a su juicio, resulta incompatible con las promesas de rebajas tributarias o los "mensajes de recortes".

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Durante su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea en Valencia –donde ha sido presentado por la ministra y candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant–, el titular de Hacienda ha situado el debate de las infraestructuras en el terreno fiscal ante la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre. Frente a las propuestas de la oposición de acometer deducciones y reducciones fiscales, España ha cuestionado "de dónde se va a recortar" si se pretenden acometer las reformas pendientes en los transportes al tiempo que se reducen los recursos del Estado.

El responsable de las cuentas públicas ha cargado contra los planes de los 'populares', censurando que el PP plantee bajadas impositivas que cifró en 85.000 millones de euros en el IRPF, el equivalente a "todo el gasto de las comunidades autónomas en Educación y el 80 % de Sanidad". "Si vamos a necesitar un esfuerzo inversor no podemos lanzar mensajes de recortes", ha enfatizado el ministro, abogando por abrir un debate sobre las inversiones necesarias en infraestructuras y sosteniendo que la ejecución presupuestaria de Adif en alta velocidad ya supera el 90%, con un alza del 80% respecto a etapas anteriores.

La "empatía" de Puente tras Urda

La comparecencia de Arcadi España ha estado marcada por las consecuencias políticas del reciente siniestro ferroviario de Urda (Toledo), que precipitó la salida del Gobierno del hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, cuyas competencias han sido asumidas por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

España ha elogiado la dimisión de Puente, calificándola de "ejemplo de responsabilidad" y destacando que "dio la cara y explicaciones" desde el primer momento. "Lo que ha pasado es tan extraordinario que no lo sabemos valorar", ha indicado el ministro, añadiendo que la marcha de Puente evidencia que la asunción de responsabilidades se tomó "por empatía con las víctimas" y demostrando que "no todo el mundo es igual".

Pese a admitir, en línea con el presidente Pedro Sánchez, que España "no puede permitirse dos accidentes de alta velocidad" en menos de un año tras los episodios de Adamuz y Urda, ha defendido la solvencia de Carlos Cuerpo para pilotar esta etapa de transición: "Tiene capacidad, talante dialogante, empático y solvente. Aportará soluciones y contribuirá a recuperar la confianza técnica y ciudadana". Respecto a las investigaciones en curso sobre las causas de Urda, ha garantizado absoluta "transparencia" institucional.

Pulso por la financiación autonómica ante el 29-N

En clave electoral, Arcadi España ha advertido de que una hipotética victoria de la coalición de PP y Vox tras el 29-N frenará de forma definitiva la reforma del modelo de financiación autonómica. Según sus cálculos, la entrada de Vox en un Ejecutivo central bloquearía el despliegue de los 21.000 millones de euros contemplados globalmente para las autonomías al tratarse de una fuerza política que "no cree en el autogobierno". En el caso de la Comunidad Valenciana, ha advertido de que la llegada de la derecha supondría renunciar a los 3.669 millones que prevé el esquema diseñado por Hacienda.

El ministro ha emplazado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "reflexionar" y anteponer los intereses valencianos a las directrices de la dirección nacional que encabeza Alberto Núñez Feijóo. Por último, España se ha comprometido a que, si Pedro Sánchez revalida el mandato tras las urnas, el nuevo modelo de financiación culminará su trámite parlamentario en el Congreso durante "los primeros meses de 2027" para entrar inmediatamente en vigor.