El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero concertó una reunión con el entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, el 21 de mayo de 2025 en la sede de la compañía en Alcobendas. La cita se produjo un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSDEF) y varios meses antes de que el Ministerio de Industria concediera los préstamos públicos destinados a financiar sus grandes programas militares. Según la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción avanzada en exclusiva por El Independiente, más de 6.000 millones de euros de esa financiación acabaron en Indra o en uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa junto a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Escribano.

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La reunión figura en la agenda del expresidente y su organización puede reconstruirse a través de los mensajes intercambiados con su secretaria, intervenidos en la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso este periódico. Las comunicaciones muestran que fue el propio Zapatero quien pidió el encuentro. "Hay que concertar café con Escribano el presidente de Indra", escribió el 12 de mayo de ese año a su asistente. Según fuentes conocedoras de las relaciones entre ambos sus contactos se remontan tiempo atrás.

Una cita que se cerró en una semana

El 12 de mayo, a las 15.46 horas, Zapatero pidió a su secretaria que concertara el café con Escribano. Al día siguiente, incluso planteó modificar otro compromiso para hacer sitio al presidente de Indra: "El viernes en vez de Cuerpo podría ser el de Indra", dejando constancia de su interés en reunirse con Ángel Escribano. Tres días después su secretaria le informó de que todavía no había recibido contestación por parte de los empresarios: "Los de Escribano seguían ayer en la feria de defensa y no tenían respuesta".

La cita quedó finalmente fijada para el miércoles 21 de mayo a las cinco de la tarde. La agenda semanal que la secretaria remitió a Zapatero ese mismo lunes recoge el nombre de "Ángel Escribano" en ese horario. Además, la agenda del propio Zapatero también recoge la cita con el empresario.

El plan de Defensa y los préstamos

Cuando se produjo la reunión, Escribano llevaba cuatro meses al frente de Indra, después de su nombramiento como presidente ejecutivo en enero de 2025. La compañía tiene como primer accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que EM&E, la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, se había convertido en su segundo mayor accionista, con un 14,3% del capital.

El Gobierno había aprobado el 22 de abril el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que contemplaba una inversión adicional para de 10.471 millones de euros para aumentar el 2% del PIB acordado con la OTAN.

Zapatero y Escribano se reunieron un mes después de la aprobación del plan. El 22 de julio, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente del real decreto que regulaba la concesión directa de préstamos a Indra, Airbus y otras empresas para desarrollar los programas de modernización del plan. El Gobierno justificó la urgencia en los compromisos de inversión ratificados en la cumbre de la OTAN de La Haya, el 25 de junio.

Los reales decretos bajo la lupa

El primer real decreto de esta nueva tanda, aprobado el 23 de septiembre, estableció préstamos por 270 millones de euros a Indra para el programa NGWS Nacional y otros 80 millones a una UTE de Airbus Defence and Space e Indra para el FCAS Nacional. En octubre, el Ministerio de Industria aprobó otros tres reales decretos que movilizaron 6.890 millones de euros en préstamos para 18 programas de modernización militar, que ahora están siendo investigados por Anticorrupción.

Las normas establecieron, con carácter general, préstamos a un interés fijo del 0% y sin exigir garantías para cada uno de los libramientos. También contemplaron la posibilidad de anticipar parte de las cantidades previstas para 2025 antes de formalizar el contrato con Defensa, siempre que se constituyera una garantía del 10% para esos adelantos. La devolución de los préstamos quedaba vinculada a los pagos que las empresas recibieran del Ministerio de Defensa.

Indra y Escribano como beneficiarios

Entre las beneficiarias figuraban Indra en solitario y varias alianzas empresariales en las que participa EM&E. Según el desglose de los tres decretos de octubre publicado por este periódico, 6.515 millones de euros, el 94,5% de esa financiación, quedaron vinculados a Indra o a consorcios en los que participa: 2.000 millones para la compañía en solitario, 178 millones para su división de drones, 3.169 millones para UTE con Escribano, 788 millones para TESS Defence y 380 millones para su alianza con Telefónica.

La denuncia que dio origen a las diligencias de Anticorrupción eleva a unos 6.077 millones el dinero que habría terminado en Indra, EM&E o en alianzas de ambas, sobre un total de más de 7.200 millones de euros vinculados a la financiación del plan. Ese cálculo, que representa aproximadamente el 84% del conjunto analizado, forma parte de los argumentos del denunciante y no constituye una conclusión judicial.

Una investigación abierta en enero

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en enero de 2026 a raíz de una denuncia presentada por un particular en diciembre del año anterior. El escrito sostiene que Indra y EM&E se habrían beneficiado desde 2020 de un patrón continuado de adjudicaciones con competencia limitada y de financiación pública para desarrollar programas militares. La denuncia apunta a posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Para examinar los expedientes, Anticorrupción encargó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe sobre la regularidad de los procedimientos. El primer documento, entregado en abril y del que ha informado El Independiente, aprecia irregularidades en la tramitación de tres grandes contratos de Defensa: el vehículo blindado 8x8, el lanzacohetes SILAM y los sistemas antidrones, cuyo importe conjunto asciende a 2.348 millones de euros. Según los interventores, en esos procedimientos había indicios de que el Ministerio tenía identificados a los adjudicatarios antes de solicitar las ofertas.

Un segundo informe del IGAE

Esos tres contratos, sin embargo, son anteriores a la reunión de Zapatero con Escribano: el programa 8x8 se adjudicó en 2020 y el SILAM en 2023, mientras que el expediente de los sistemas antidrones también precede a la cita de mayo de 2025. La investigación fiscal examina tanto esas adjudicaciones como los préstamos públicos aprobados posteriormente para financiar otros programas.

La Fiscalía continúa practicando diligencias y ha solicitado un segundo informe a la IGAE, más amplio que el primero. Por el momento, la documentación que acredita la reunión de Zapatero con Escribano permite fijar la fecha y el contexto en el que se produjo.