La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y otros cinco altos cargos del departamento figuran entre los querellados por la adjudicación a Indra y Escribano de los dos grandes contratos de artillería autopropulsada del Ejército de Tierra, cuyo importe conjunto asciende a casi 7.240 millones de euros. La querella, presentada después de que El Independiente desvelara en exclusiva que la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la contratación de Defensa con ambas compañías, atribuye a los responsables públicos presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

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La iniciativa judicial llega así en plena investigación de la Fiscalía, que abrió diligencias en enero para examinar adjudicaciones de grandes programas militares y los préstamos públicos concedidos para financiarlos. Como publicó este periódico, más de 6.000 millones de euros de esa financiación habrían terminado en Indra o en uniones temporales de empresas en las que participa junto a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Las pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia que apuntaba a un posible patrón continuado de adjudicaciones y concentración de fondos públicos en torno a ambas compañías desde 2020.

La IGAE sigue investigando

La investigación de Anticorrupción cuenta ya con un primer informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), elaborado por encargo de la Fiscalía. El documento, adelantado por El Independiente, concluyó que Defensa tenía decidido adjudicar a Indra y Escribano tres grandes contratos —el blindado 8x8, el lanzacohetes SILAM y los sistemas antidrones— antes de solicitar las ofertas. Esos expedientes suman 2.348 millones de euros y, según los interventores, presentaban irregularidades en sus procedimientos de contratación. La Fiscalía ha solicitado un segundo informe, más completo.

Los contratos de artillería que ahora centran la querella no son los tres expedientes examinados en ese primer informe de la IGAE, pero sí comparten con ellos a las empresas adjudicatarias y una de las cuestiones centrales de la investigación basada en el recurso a procedimientos que limitan o eliminan la concurrencia y la financiación pública anticipada para desarrollar los programas militares. El escrito plantea que, en el caso de ATP Ruedas y ATP Cadenas, la decisión sobre la empresa beneficiaria también estaba tomada antes de que se completara la tramitación administrativa.

Dos contratos millonarios en menos de 4 horas

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, dirige la acusación contra la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce; el almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material; el general José Antonio Gutiérrez Sevilla, subdirector general de Programas de la DGAM; José Luis Sánchez Martínez, director general de Asuntos Económicos; José María Belluga Capilla, subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, y la general María Teresa Gordillo López, interventora general de Defensa. También incluye a los interventores delegados que fiscalizaron los expedientes, a funcionarios de la DGAM pendientes de identificar y a representantes y directivos de las dos compañías.

La querella sostiene que los dos contratos se adjudicaron a la UTE formada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering mediante procedimientos negociados sin publicidad en los que solo se invitó a presentar oferta a esa unión temporal. El de ATP Ruedas, por 2.685.999.499,98 euros, y el de ATP Cadenas, por 4.553.999.499,98 euros, fueron adjudicados ambos el 19 de diciembre de 2025. Las resoluciones llevan la firma de Belluga Capilla, que actuó como órgano de contratación por delegación: la primera se firmó a las 09.05 horas y la segunda, a las 12.55.

Según el escrito, la DGAM aprobó el gasto y los expedientes el 27 de noviembre de 2025 y justificó la contratación sin concurrencia mediante el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al considerar que la UTE era “la única empresa capacitada técnicamente” para desarrollar los programas. La querella cuestiona esa premisa y sostiene que la exclusividad técnica se utilizó para impedir que otras empresas pudieran competir. En los anuncios de adjudicación, publicados el 22 de diciembre, Defensa hizo constar que solo se había recibido una oferta en cada procedimiento.

Indra y Escribano beneficiarias de la prefinanciación

Uno de los argumentos centrales del escrito es que la elección de Indra y Escribano estaba decidida antes de que comenzara la tramitación de los contratos. Para sostenerlo, señala al Real Decreto 915/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2025, que designó a la UTE como beneficiaria de la prefinanciación de los dos programas. La norma contemplaba préstamos al 0% de interés y sin garantías por 1.181 millones de euros para ATP Ruedas y 1.821 millones para ATP Cadenas: 3.002 millones en total.

La financiación anticipada es uno de los ejes de la investigación que este periódico ha desvelado en los últimos días. La denuncia que examina Anticorrupción cifra en más de 6.000 millones los préstamos públicos que habrían acabado en Indra o en alianzas con Escribano, dentro de los más de 7.200 millones vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. En el caso de los programas de artillería, la querella pone el foco en que los 3.002 millones se aprobaron antes de que se adjudicaran los contratos y sostiene que el real decreto permitió incluso el libramiento anticipado de fondos sin que se hubiera formalizado todavía el negocio jurídico correspondiente con Defensa.

A juicio del querellante, esa secuencia demuestra que la adjudicataria estaba elegida antes de que se tramitaran los expedientes y que los procedimientos posteriores sirvieron para dar cobertura administrativa a una decisión ya tomada. La tesis conecta con uno de los aspectos que la IGAE cuestionó en los otros contratos examinados por encargo de Anticorrupción relacionado con que los procedimientos de contratación se hubieran diseñado de forma que la competencia quedara reducida y el adjudicatario estuviera predeterminado.

Sin experiencia ni fábricas

El escrito incorpora además un informe técnico-pericial fechado el 17 de noviembre de 2026 que cuestiona la capacidad de la UTE para ejecutar los programas. Según las conclusiones que reproduce la querella, Indra y Escribano carecían, en la fecha de adjudicación, de experiencia en artillería de campaña, diseño propio e instalaciones de fabricación. El perito sostiene también que la UTE no era autoridad de diseño de ninguno de los sistemas contratados y que subcontrataría la totalidad del proceso productivo.

En concreto, el documento apunta a la surcoreana Hanwha como responsable del diseño del ATP Cadenas y señala que fabricará en Corea del Sur las primeras 35 unidades. La querella añade que la UTE carecía de capacidad propia para producir elementos esenciales, entre ellos el tubo cañón, cuyo fabricante ni siquiera estaría identificado. El escrito utiliza esta dependencia tecnológica para cuestionar que se justificara la adjudicación directa por razones de seguridad y exclusividad técnica.

Frente a esa supuesta falta de capacidad, el informe pericial identifica empresas que, según sus conclusiones, sí podían ejecutar los programas. Entre ellas figura Santa Bárbara Sistemas, de la que destaca su experiencia en artillería de 155/52 milímetros y sus instalaciones operativas. También menciona al menos siete fabricantes europeos con sistemas de artillería de ese calibre en servicio, entre ellos KNDS, BAE Systems y Rheinmetall. El perito concluye que ninguna de esas compañías fue invitada al procedimiento.

Los seis altos cargos intervienen de forma concreta

La querella atribuye a cada uno de los seis altos cargos una presunta intervención concreta en la operación. A Belluga Capilla le imputa la firma de las resoluciones de adjudicación; a Sánchez Martínez, la cobertura presupuestaria; y a Gutiérrez Sevilla, la elaboración de las prescripciones técnicas y de la memoria justificativa de la exclusividad. Sobre Rosique Nieto, sostiene que avaló el diseño del procedimiento; respecto a Valcarce, afirma que validó la elección de la UTE como “alternativa óptima” y el impulso político de la financiación anticipada. En cuanto a Gordillo López y los interventores delegados, cuestiona la fiscalización previa favorable emitida los días 18 y 19 de diciembre.

El escrito solicita que los seis altos cargos, los funcionarios que resulten identificados y los representantes de Indra y Escribano declaren en sede judicial. También pide que la DGAM remita los expedientes íntegros de ambos contratos, incluidos los informes técnicos, las memorias justificativas, las invitaciones cursadas, las actas de negociación y los informes de fiscalización. Reclama además al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Estado la documentación utilizada para justificar que la UTE era la “alternativa óptima”, así como al Ministerio de Industria los expedientes de concesión de los préstamos y los libramientos efectuados.