La Junta de Andalucía ha reafirmado su postura crítica frente al modelo actual de gestión del litoral, que califica de ineficiente, excesivamente centralizado y fuente de conflictos jurídicos. Así lo ha manifestado la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, durante una reunión interautonómica celebrada en Barcelona, en la que han participado representantes de Canarias, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Cataluña. El encuentro sirvió para constatar el amplio consenso autonómico sobre la necesidad de reformar el modelo vigente y avanzar en una posición común ante la próxima aprobación del nuevo Reglamento General de Costas.
Desde el Gobierno andaluz se insiste en reclamar al Estado transparencia, lealtad institucional y seguridad jurídica ante la modificación de la normativa. En este sentido, la Junta ha criticado el actual "bloqueo institucional" y la falta de diálogo con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalando que las actuaciones unilaterales de la administración central provocan duplicidades y retrasos estructurales. La Junta ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta para abordar formalmente las competencias en materia de costas.
Riesgo de recentralización
Durante la reunión, las comunidades autónomas identificaron diversos riesgos vinculados al nuevo Reglamento, tales como una potencial recentralización de competencias a través del aumento de informes estatales vinculantes, la paralización de proyectos estratégicos por la lentitud burocrática y el impacto negativo en sectores productivos clave como la pesca y la hostelería costera. Frente a este escenario, se ha acordado definir una hoja de ruta compartida que defienda una mayor autonomía efectiva, una normativa más flexible adaptada a las realidades territoriales y una delimitación clara de las competencias.
La Junta de Andalucía sostiene que la normativa vigente no responde a desafíos actuales como la erosión costera, que ya afecta a varios tramos de su litoral, bajo la premisa de que "proteger mejor exige gestionar mejor". Para hacer frente a esta situación, las autonomías han pactado una serie de acciones a corto, medio y largo plazo. Estas medidas incluyen la solicitud de una Conferencia Sectorial de Costas, el envío de comunicaciones conjuntas al Ministerio y a instituciones europeas, la evaluación de posibles acciones jurídicas contra el Reglamento y el impulso definitivo a una reforma integral de la Ley de Costas.
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