El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar formalmente la restauración de la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el crimen organizado (OCON-Sur). Este grupo operacional fue desmantelado hace cuatro años por el Ministerio del Interior, una decisión que el líder andaluz califica como una equivocación de graves consecuencias en un contexto marcado por la creciente impunidad y agresividad de las mafias de la droga en el sur de España.
La iniciativa del jefe del Ejecutivo autonómico responde al notable incremento de la actividad delictiva que se viene registrando a lo largo de los últimos meses en diversos puntos de la geografía andaluza. Ante esta situación, Moreno enfatiza la acuciante falta de medios materiales y humanos adecuados con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para neutralizar unas redes criminales cada vez más sofisticadas, violentas y dotadas de recursos técnicos superiores a los del propio Estado.
En el texto de la misiva, informada este domingo por la administración autonómica, Moreno traslada su honda inquietud ante la constatación de que Andalucía se ha transformado en la base de operaciones principal para numerosos clanes del narcotráfico. El presidente advierte de que el problema ya no se restringe a comarcas históricamente afectadas como el Campo de Gibraltar, sino que abarca la totalidad del litoral andaluz e incursiona con severidad en amplias zonas del interior de la comunidad autónoma.
Un litoral tomado por la impunidad criminal
El escenario cotidiano descrito por el presidente refleja un deterioro preocupante del control territorial por parte de los poderes públicos. Las imágenes de narcolanchas operando a plena luz del día o buscando refugio y avituallamiento en zonas fluviales estratégicas, como el propio cauce del río Guadalquivir, se han vuelto habituales ante la impotencia de la ciudadanía y la saturación de los efectivos policiales destinados en la región.
Esta escalada delictiva ha venido acompañada de un vertiginoso aumento de la violencia armada que ensombrece el clima social andaluz. En la misiva se evoca de manera dramática la secuencia reciente de crímenes sanguinarios, entre los que destaca el asesinato a tiros de un hombre en el municipio sevillano de Utrera hace apenas una semana, seguido tan solo un día después por el acribillamiento en Isla Cristina, Huelva, de tres personas, entre las que se encontraban una mujer gestante de ocho meses, una mujer de 62 años y un menor de edad.
El escrito rinde asimismo un sobrio homenaje a los agentes de la Benemérita caídos en acto de servicio durante los dos últimos años en episodios violentos registrados en Barbate y la provincia onubense. Moreno sostiene que la pérdida de estas vidas evidencia que España se enfrenta a un desafío de seguridad nacional sin precedentes que demanda con urgencia una contestación contundente, coordinada y proporcionada por parte del Estado central.
El error del desmantelamiento de OCON-Sur
La reactivación del grupo OCON-Sur se plantea como la única vía probada para contener la embestida mafiosa. Dicha unidad especializada demostró una eficacia incontestable mientras permaneció operativa. Para Moreno, la decisión de desactivar este dispositivo especializado sirvió de incentivo directo para las estructuras delictivas, generando un vacío de presión policial que fue rápidamente aprovechado por las organizaciones internacionales para reestructurar sus rutas e incrementar el volumen de estupefacientes introducidos en Europa.
El balance que realizan los expertos en seguridad e investigación criminal coincide plenamente con el diagnóstico de la Junta de Andalucía, situando la supresión de la unidad como el momento crítico a partir del cual se desató el repunte narcotraficante actual. A este diagnóstico se suma el malestar persistente dentro de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyos integrantes denuncian reiteradamente la escasez de equipos de protección, embarcaciones adecuadas y armamento para combatir en condiciones de equidad frente a los clanes.
La dimensión del narcotráfico transciende el problema estricto de la seguridad ciudadana y la salud pública para proyectar una seria amenaza sobre la cohesión social del territorio. Las mafias explotan de forma sistemática la vulnerabilidad de las capas sociales más desfavorecidas socioeconómicamente, instrumentalizando la falta de oportunidades para captar a jóvenes e integrarlos en sus redes operativas de logística, vigilancia, suministro de combustible y distribución minorista.
Frente a este complejo panorama socioeconómico y de seguridad, la carta de Moreno concluye reiterando la urgencia ineludible de adoptar medidas extraordinarias de refuerzo policial y presupuestario. Resulta imprescindible equipar adecuadamente a las fuerzas del orden para devolver a la ciudadanía el sentimiento de certidumbre y tranquilidad arrebatado por este brote de violencia organizada que amenaza con carcomer el tejido comunitario.
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