La Audiencia Provincial de Valladolid ha comenzado a juzgar desde este lunes a 23 acusados por un presunto fraude prolongado durante dos décadas en torno a la gestión de servicios funerarios. La causa, que se extenderá previsiblemente hasta el 9 de junio, gira en torno a un sistema mediante el cual se habrían retirado ataúdes de fallecidos antes de su incineración para volver a venderlos en nuevos servicios funerarios.

El proceso judicial, que arranca con la exposición de cuestiones previas, prevé la comparecencia de 239 testigos y 17 peritos. Los hechos investigados se sitúan entre 1995 y febrero de 2015 y afectan a la actividad de la Funeraria Castellana y el Parque El Salvador, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

De acuerdo con el ministerio público, tal y como informa EFE, el máximo responsable de estas empresas ideó un plan para obtener el mayor beneficio económico posible a partir de los servicios funerarios prestados a las familias. El mecanismo dependía en gran medida de los procesos de incineración realizados en el cementerio-jardín asociado al complejo funerario.

Cambiazo en el crematorio

La práctica, según la acusación, comenzaba instantes antes de la cremación. En ese momento se retiraba el féretro del difunto, desviando así el procedimiento habitual que obligaba a efectuar la incineración junto con el ataúd. Posteriormente, los féretros eran trasladados de nuevo al tanatorio para ser puestos otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios.

Los familiares de los fallecidos que iban a ser incinerados desconocían esa retirada. Según sostiene la Fiscalía, se les privaba de la posibilidad de ver la entrada del féretro en el crematorio, lo que impedía comprobar que el ataúd acompañara al cuerpo durante el proceso. Tampoco se informaba a los allegados de los nuevos difuntos de que las arcas funerarias que adquirían habían sido utilizadas con anterioridad.

El fiscal considera que la ejecución del plan requería la colaboración de distintos empleados de la empresa, también acusados en el procedimiento. Los ataúdes retirados se almacenaban temporalmente en dependencias internas –como la sala de autopsias, una sala velatoria que no se abría al público o un almacén anexo– a las que no tenía acceso personal externo.

Habitualmente, al final de la jornada laboral, esos féretros eran trasladados al tanatorio para volver a incorporarse al circuito comercial de la funeraria. Según la acusación, se ocultaba a los nuevos clientes el origen de los ataúdes y se ofrecían como si fueran nuevos.

También reutilizaban las coronas de flores

Con el tiempo, la práctica se habría extendido también a otros elementos de los velatorios. El escrito de la Fiscalía sostiene que se retiraban coronas, centros y ramos de flores que habían acompañado a los difuntos durante el velatorio y el traslado al cementerio. Cuando las familias no se llevaban esos arreglos florales, los trabajadores implicados los recogían para reutilizarlos.

Una vez en el tanatorio, las flores que presentaban peor estado se sustituían por otras frescas y los arreglos se ofrecían nuevamente en nuevos velatorios sin informar a los clientes de que habían sido utilizados previamente.

Las acusaciones contra los procesados incluyen los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delito contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía solicita penas que van desde los dos hasta los veinte años de prisión, según el grado de implicación atribuido a cada acusado. En el conjunto del periodo investigado, fuentes del caso han señalado que podrían haberse retirado cerca de 6.000 féretros antes de las incineraciones.