La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno central que "reflexione" y renuncie a presentar en el Congreso de los Diputados su propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha instado a buscar los apoyos parlamentarios necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja en caso de que el Ministerio de Hacienda decida tirarla adelante sin cambios.
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Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha denunciado que el Ejecutivo ha ignorado la totalidad de las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas. Según el portavoz autonómico, el borrador definitivo mantiene de forma íntegra los importes y el reparto pactados originalmente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, obviando las críticas vertidas de forma mayoritaria durante el periodo de alegaciones.

Carriedo ha subrayado que el rechazo al documento actual es casi unánime en el mapa autonómico, al contar únicamente con el respaldo explícito de dos comunidades. En su opinión, un modelo que choca con la postura del "90 por ciento del territorio y casi el 90 por ciento de la población" debería llevar al Gobierno a reajustar su posición, "partir de cero" y abrir un marco de negociación multilateral.

Libertad de voto para tumbarlo

Ante la previsible llegada del texto al trámite parlamentario, la Junta ha apelado directamente a los diputados y senadores para que antepongan los intereses de los territorios a los que representan frente a las directrices de sus respectivas formaciones políticas. Carriedo ha calificado la votación como una "buena ocasión" para que las directivas de los partidos den vía libre a sus parlamentarios a la hora de rechazar el acuerdo.

Cuestionado sobre la posibilidad de articular un frente común con las distintas fuerzas políticas de Castilla y León, el portavoz ha mostrado sus reservas respecto a la efectividad de la medida, argumentando que el Gobierno central no aceptará ninguna enmienda o propuesta alternativa que no cuente con el visto bueno previo de ERC.