El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado en las Cortes autonómicas el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027, junto con el Proyecto de Ley de Medidas tributarias, financieras y administrativas. Este cuadro presupuestario se sustenta sobre un escenario macroeconómico avalado formalmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El total para la comunidad asciende a la cifra récord de 16.472 millones de euros. Esta dotación representa un crecimiento del 13,11 % frente al último presupuesto aprobado en la sede parlamentaria, lo que supone incorporar 1.910 millones de euros adicionales a las cuentas autonómicas.
En el apartado impositivo, el texto articula un paquete de 920 millones de euros en beneficios fiscales orientados a 704.000 contribuyentes castellanos y leoneses. De manera paralela, la rebaja prevista en el tramo mínimo de la escala del IRPF beneficiará de forma directa a 1.450.000 ciudadanos en la Comunidad.
Blindaje de los servicios esenciales y estímulo productivo
El destino fundamental de los recursos no financieros gestionados por las consejerías se concentra en la protección ciudadana, comprometiendo el 82 % del gasto en las áreas de sanidad, educación, cultura y protección y promoción social. Con ello se persigue sostener unos servicios públicos de calidad, reforzando al mismo tiempo la atención a las familias mediante ayudas e incentivos para vivienda, transporte y conciliación.
Junto a la cobertura social, la planificación económica busca orientar los sectores productivos hacia mayores cuotas de innovación y competitividad, incentivando el desarrollo rural y la cooperación con ayuntamientos y diputaciones. Para coordinar estas actuaciones, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) dispondrá de 259,14 millones de euros, desplegando instrumentos de apoyo financiero para pymes, atracción de inversiones exteriores e impulso a la digitalización.
Apoyo territorial y descenso de la carga financiera
La cohesión territorial dispondrá de 72,7 millones de euros consignados por el ICECYL para llevar a cabo 58 intervenciones en polígonos y parques industriales distribuidos entre las nueve provincias. De forma complementaria, se habilitan 4,2 millones para la adquisición de suelo industrial en municipios con menos de 20.000 habitantes, con bonificaciones del 50 % en el coste del terreno y aplazamientos de pago de hasta 15 años.
En materia de sostenibilidad fiscal, el servicio de la deuda pública requerirá 1.701 millones de euros, convirtiéndose en el único apartado del presupuesto que experimenta un descenso, con una bajada del 4,69 %. Esta reducción financiera se apoya en la política previa de alargamiento de plazos suscrita en momentos de tipos de interés bajos, lo que permite atender amortizaciones crediticias pasadas dentro de una pauta de moderación y racionalización del gasto.
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