La Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente al Gobierno central una revisión urgente y en profundidad del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior. La petición fue abordada durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, en un encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en el que también participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Durante la sesión, García Martín recordó que cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región figuraban en VioGén con una valoración de riesgo bajo. Asimismo, el consejero detalló que solo 132 de los 12.851 casos activos en la Comunidad de Madrid -lo que representa el 1 %- están clasificados en las categorías de riesgo alto o extremo, franjas donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fijan una vigilancia permanente o bien frecuente y aleatoria.
Por su parte, Ana Dávila subrayó la necesidad de analizar detalladamente los cuestionarios de evaluación -que aún no han sido actualizados- y los algoritmos del sistema para asegurar su correcto funcionamiento. De igual modo, la consejera advirtió sobre la falta de efectivos policiales para atender el volumen de víctimas, señalando que en España se registra una media de un agente por cada 100 expedientes.
A estas deficiencias se suman los problemas en los dispositivos de seguimiento, habiéndose identificado en la región el año pasado 40 posibles casos de fallos en las pulseras antimaltrato. A raíz de estos incidentes, el Observatorio ha remitido cinco peticiones a los ministerios de Interior, Igualdad y Presidencia para exigir la sustitución de estos aparatos, alertar del colapso judicial especializado y revisar los protocolos de riesgo. Sin embargo, cuatro de estas solicitudes permanecen sin respuesta.
En el plano judicial, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta la fecha en 80 procedimientos judiciales vinculados a mujeres madrileñas asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Esta medida busca garantizar la presencia de la administración autonómica en la defensa de los derechos de las víctimas y la persecución de estos delitos.
No obstante, la relación entre ambas administraciones atraviesa momentos de tensión después de que el Gobierno central haya presentado un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico ejercite la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española. Esta maniobra legal frena la vía utilizada por la región para intervenir en los tribunales y reaviva el debate sobre las competencias institucionales en la lucha contra la violencia machista.
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