El abogado del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo el libre sobreseimiento del procedimiento iniciado por la presunta filtración de información sobre una propuesta de acuerdo penal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en relación con un posible delito de fraude fiscal.

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Según el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación no ha conseguido aportar pruebas incriminatorias directas contra el máximo representante del Ministerio Público, mientras que sí ha recopilado abundante material exculpatorio.

Según el abogado de García Ortiz, el procedimiento contra él "obedece a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos". "Lejos de una exposición neutral, la querella suprime de forma deliberada toda circunstancia que pudiera desmentir o matizar el relato incriminatorio que pretende sostener, presentando al querellante como un simple particular, cuando era una persona con notoriedad pública, derivada de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Y que por esa relación y condición, continúa el escrito, procedió a divulgar la información sobre las comunicaciones previas mantenidas con la Fiscalía de delitos económicos, "que fueron parte esencial, mediante su manipulación y presentación sesgada, a la intensa actividad mediática e institucional que se desplegó la noche del 13 de marzo de 2024; omisiones buscan desplazar artificialmente la sospecha" hacia García Ortiz.

El documento desglosa la cronología de los hechos, subrayando que la información objeto de la polémica "ya había sido conocida, transmitida y contrastada" por periodistas y terceras personas al menos 24 horas antes de que García Ortiz accediera a la misma.

Asimismo, subraya que "no existe constancia alguna" de que el Fiscal General haya participado en la difusión a medios de comunicación de los correos electrónicos o documentos reservados objeto de la investigación.

Por el contrario, su defensa asegura que personas próximas a González Amador, entre ellas el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, remitieron imágenes, mensajes y fragmentos de los citados correos a periodistas con anterioridad a la supuesta filtración atribuida al Ministerio Público.

"Inexistencia de relevancia penal"

Asimismo, el escrito hace hincapié en la inexistencia de relevancia penal de los hechos investigados, al considerar que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la información pierde su carácter de secreto en el momento en que se divulga a profesionales de la información. De este modo, la eventual participación del FGE en la difusión sería "atípica", ya que al momento de su conocimiento la información "era de dominio público" y había sido reproducida ampliamente en medios y redes.

"El intento del señor González Amador de proyectar una imagen de desconocimiento sobre las negociaciones con la Fiscalía, en abierta contradicción con las manifestaciones de su propio abogado, no solo compromete su credibilidad, sino que impone una especial cautela a la hora de valorar la veracidad de su testimonio", alegan.

Por otro lado, el abogado de García Ortiz remarca que el borrado de los datos del terminal telefónico realizado por su patrocinado, que fue muy criticado por la acusación, "además de constituir una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos, no constituye en ningún caso indicio de autoría de delito alguno".

El escrito acaba apuntando al entorno del novio de Ayuso en el origen de la filtración. Así, señala que "resulta altamente verosímil" que la información recogida tanto en el contenido del correo de 12 de marzo de 2024 como el de 2 de febrero --con el reconocimiento de los hechos y la petición de solicitar una posterior conformidad penal y sus términos concretos, consistentes en la admisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental a cambio de una pena de multa y la evitación del ingreso en prisión-- fueran conocidos por el periodista que lo publicó a través del propio Alberto González y de Miguel Ángel Rodríguez "o de personas de su entorno más inmediato".

Por todo ello, la defensa solicita el archivo definitivo de la causa y descarta cualquier participación del Fiscal General en hechos delictivos, recalcando que la instrucción no sólo no ha conseguido probar la acusación, sino que ha acreditado la circulación previa de la información por vías ajenas a la Fiscalía General del Estado.

En conclusión, el escrito del abogado de Álvaro García Ortiz intenta poner de relieve la "plena diligencia" del magistrado instructor y considera "inadmisible" mantener la imputación, al no concurrir indicios suficientes de delito.

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