La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha defendido este viernes en el acto de apertura del curso judicial la independencia de los jueces. Considera que “resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos”. A su juicio, “estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional”.

De esta forma, la presidenta del Poder Judicial responde sin mencionar directamente a las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos ministros han venido realizando en los últimos días, poniendo en cuestión la independencia de algunos jueces.

Perelló ha subrayado que “la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La única manera de lograr que confíen en ellas es cumpliendo con su función constitucional, sin excusas ni reproches”. Ha recordado además que “la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. A esta tarea no está llamado únicamente el Poder Judicial”, insiste, destacando que se trata de “una exigencia que obliga a todos a sostener, con su actuación cotidiana, la confianza en la Justicia”.

Perelló también ha subrayado que “el Estado de Derecho protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial, bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. Añade que “no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos”.

En este sentido, ha recalcado que “la sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial”.

Un año de mandato

“Hoy hace un año comparecía en este mismo salón de Plenos al día siguiente de haber tomado posesión como presidenta. Supuso la designación por primera vez de una mujer para esta responsabilidad, que recibí como un reconocimiento a la importante labor de las mujeres en la Administración de Justicia”, ha recordado Perelló al inicio de su discurso.

“El nombramiento tuvo lugar apenas un mes después de la renovación del CGPJ tras más de cinco años. La situación de la justicia en aquellos momentos era muy anómala. Estaban vacantes numerosas plazas”, ha añadido.

Desde entonces, “el CGPJ ha efectuado 161 nombramientos, normalizando la situación. En el Supremo se han designado las presidencias de Sala y 29 nuevos magistrados, por lo que está casi completa su planta. De igual modo, se han cubierto las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales”.

“Estos nombramientos se han efectuado mayoritariamente por unanimidad o mediante amplios consensos. Hoy podemos decir que el primer desafío que asumimos al iniciar nuestro mandato ha sido superado”, ha celebrado la presidenta del CGPJ.

Petición de los vocales conservadores

Los diez vocales del bloque conservador pidieron ayer a Perelló en una carta que trasladara al fiscal general del Estado la "inconveniencia" de intervenir hoy en el acto estando, como está, procesado por el Tribunal Supremo. Igualmente, habían solicitado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, no ocupara el estrado como tradicionalmente lo hace.

Perelló, sin embargo, no hizo caso a esta petición que fue contestada por nueve de los diez vocales progresistas por otra misiva haciendo un llamamiento a la normalidad institucional y recordando que el acto está regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla la presencia tanto de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo como del fiscal general del Estado, así como la asistencia en estrados del ministro de Justicia como costumbre constitucional consolidada.