Distintos magistrados y magistradas de Juzgados de Violencia contra la Mujer reconocen que han dejado de poner las pulseras antimaltrato porque desconfían de la efectividad de la medida, una vez el sistema ha mostrado frecuentes disfunciones. Así, jueces en conversación con este periódico explican que el cambio de empresa --de Movistar y Securitas Direct a Vodafone y Securitas-- ha empeorado la calidad del sistema y se hace muy difícil de utilizar en localidades pequeñas.

"Yo sólo tengo dos [pulseras operativas] porque para mi no funcionan bien", reconoce una magistrada de un juzgado de Asturias que prefiere no revelar su nombre. "En ciudades pequeñas 500 metros (la distancia que se suele colocar con una medida de alejamiento) no lo solemos poner porque es echar a la persona de la ciudad. Menos de 500 metros siempre da fallos", indica.

Esta sensación es compartida como se demuestra en las reuniones de los responsable de las comisiones de coordinación contra la Violencia de Género, que se celebran anualmente en cada provincia. Según las actas de dicho encuentro en Vizcaya el 13 de junio de 2024, meses después de que se pusiera en marcha la nueva adjudicataria, la jueza Leticia Badiola señaló que "el funcionamiento de la pulsera a distancias inferiores a 500 metros es prácticamente inmanejable porque el dispositivo se dispara todo el tiempo".

Algunos de los consultados reconocen que los fallos ya se veían dando antes, pero en general coinciden en que desde el pasado año se han incrementado. "Hubo meses que fueron un desastre", explica la magistrada asturiana. Tanto ella como otra responsable de un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Sevilla aseguran que ni el Ministerio de Igualdad ni el Observatorio que depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les avisaron cuando el cambio de adjudicataria iba a producirse y se realizó la migración de los datos.

"No nos llegaba ningún informe del Centro Cometa [el que monitorea las incidencias de las pulseras] y nosotros estábamos un poco asustados", cuentan. "No se informó de cuándo se cambiaron los aparatos. Información cero. Y a los juzgados se nos dejó completamente ciegos".

El Centro Cometa envía un informe al juzgado cada vez que les salta una alerta en el que el agresor se acerca a la mujer. Él debe llevar permanentemente una pulsera y un aparatito y ella una especie de móvil que le pita si su agresor está cerca. Pero el problema, que se perpetúa desde el anterior sistema, es que el Centro no discrimina unas incidencias de otras y, por tanto, al juez le llega el mismo informe tanto si él ha quebrantado la medida como si sólo se produce una pérdida de cobertura y por eso se ha encendido la incidencia. "Lo que nos manda Cometa son pantallazos de las localizaciones en las que dice el aparato que están. Entonces, muchas veces, no tenemos información suficiente. Me imagino que será porque tienen miles de incidencias y a la vez no tienen personal".

El juez puede incoar un procedimiento de quebrantamiento contra el sospechoso y si el informe de las autoridades falla nunca terminará en condena. "De 100 que me llegan, cinco puedo incoarlos y traer a la señora, traer al señor... pero no todos. Porque me llegan decenas de informes", reflejan. A pesar de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dio un dato inicial de que el número de procedimientos que se ha archivado por estos errores es irrisorio (un 1%), luego no ha sabido explicar de dónde sacaba ese dato, pues no han facilitado dato alguno desde el Gobierno. La propia Memoria de la Fiscalía advierte de que son "muchos" los procedimientos que se habían archivado y así lo verbalizó literalmente la fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer delegada en Granada, Susana Vega, en la reunión en la que se expresó que el nuevo sistema había dado lugar a situaciones "caóticas".

Las disfunciones son de varios tipos, según explica la magistrada de Violencia de Género en Pamplona Esther Fernández: "Incidencias de geolocalización: que la víctima se encuentra con el agresor y el dispositivo no suena; supuestos en los que la Policía ha ido a acompañar al agresor a recoger sus enseres, que tienen derecho a hacerlo, y tampoco han sonado; supuestos en los que lo han geolocalizado en determinado lugar y se supone que el margen de error eran 4 o 5 metros y había un margen de error de 47 metros. Eso en ciudades pequeñas como Pamplona, pues es diferencia. Y entonces tienes que pedir todos esos informes".

La magistrada Fernández cuenta que tiene un procedimiento en el que un chico se llegó a grabar con los dos dispositivos cerca (la pulsera y el otro sistema al que está aparejado y debe llevar encima) y la alarma saltaba todo el tiempo. Se grabó en diferentes habitaciones, para demostrar que las alarmas se producían sin que él se separara del dispositivo.

Falsa sensación de protección

Las voces de la judicatura con las que ha conversado este medio explican que en ocasiones se produce una "falsa sensación de protección" con las pulseras antimaltrato si el sistema falla tanto. "Yo si un señor es peligroso no pongo pulsera, acuerdo la prisón si tengo un fiscal que pide prisión", indica otra magistrada que no quiere dar su nombre.

A todo esto se añaden otros dos problemas. La nueva adjudicataria amplió el plazo hasta 24 horas para colocarle la pulsera a un detenido. "Tardan mucho en venir y hay muy poca gente poniendo pulseras", indican. Además, existe la posibilidad de que el hombre utilice el sistema de alarmas que advierte continuamente a la mujer para ejercer otro tipo de violencia contra ellas. "La pulsera la puedes usar para generar mucha incertidumbre. Al final acaba pitando y ella como no sabe dónde está... no deja de ser un sistema de control. ¿Salva vidas? Seguramente, pero tiene una parte negativa que nunca se ha dicho", realzan.

Las incidencias llevan aparejadas que a la víctima la llamen, que salte la alarma si el teléfono pierde cobertura, que la localicen desde Cometa, que le aparezca un mensaje en la pantalla y todo esto termina afectando a su vida personal. "Para la gran mayoría de nosotros, los problemas que dan las pulseras pesan más. Yo, si un a un tío le tengo que poner una pulsera porque sé que va a ir a por ella, lo meto en prisión. Sé que ella va a estar más tranquila", indica una magistrada.

¿Se han archivado procedimientos por estos fallos?

Uy, muchísimos

¿Ha dejado de poner pulseras porque desconfía del sistema?

Sí claro. Las estrictamente necesarias porque no tienes otra medida y son casos peligrosos, pero no puedes poner otra medida más restrictiva como pueda ser la prisión. Todas estas incidencias al final repercuten no sólo en la efectividad de la medida, sino en la seguridad de la víctima. Un dispositivo que no funciona adecuadamente revictimiza.