A punto de cumplirse un año de la devastadora riada del pasado 29 de octubre, el balance de las ayudas prometidas por el Gobierno central sigue generando malestar entre los afectados. Según los datos oficiales, el 82,1% de las familias valencianas que solicitaron ayudas directas para paliar los daños en viviendas y enseres no ha recibido un solo euro.

De las 41.674 familias que han tramitado la solicitud de ayudas de primera necesidad, apenas 7.497 han sido beneficiadas, lo que supone un 17,9% del total. Esto significa que unas 34.177 familias siguen esperando una respuesta del Ejecutivo central.

Con una media de 16.538 euros por familia ya abonada según datos de junio, el déficit pendiente de pago asciende a más de 565 millones de euros, una cantidad que está bloqueando el proceso de recuperación de miles de hogares.

A este retraso se suma la negativa del Gobierno a aplicar una exención del IVA, con carácter retroactivo, en la compra de vehículos sustitutorios por parte de quienes perdieron su coche en la DANA. De esta forma, la ayuda recibida por muchos afectados resulta igual o incluso menor al propio IVA del nuevo vehículo.

La Generalitat Valenciana también reclama al Ejecutivo que habilite un procedimiento extraordinario para que la Dirección General de Tráfico (DGT) conceda la baja definitiva de vehículos siniestrados que siguen desaparecidos, con el fin de evitar que sus propietarios tengan que devolver las ayudas recibidas por no poder acreditar el siniestro total.

Otro de los compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez es la prórroga de la prestación por cese de actividad para los autónomos afectados, prometida en enero por el Ministerio de Economía. Ocho meses después, unos 5.000 trabajadores autónomos de la Comunidad Valenciana siguen sin recibir esta ayuda, según el gobierno regional.

Aunque el Ejecutivo central afirma haber movilizado 16.600 millones de euros para los damnificados, solo ha pagado 2.650 millones, lo que representa apenas el 15,9% del total prometido. Además, dentro de esta cifra se incluyen recursos que no constituyen ayudas directas.

Por ejemplo, 3.611 millones de euros abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros, que no dependen del Estado y son financiados por los asegurados. También 52,3 millones de euros de Agroseguro, que se financian con primas privadas, o 727 millones en créditos ICO, de los cuales 400 millones no están bonificados y deben devolverse con intereses. Restando estos importes, la cifra real de ayudas pagadas directamente por el Gobierno se sitúa en torno a los 2.650 millones, muy lejos de lo que se asegura desde Moncloa.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha movilizado cerca de 2.500 millones de euros para afrontar la catástrofe, de los cuales 1.486 millones han sido destinados directamente a familias y empresas. A día de hoy, ya se ha abonado el 50% de esas ayudas.

Entre las medidas más destacadas, se encuentran 240 millones de euros en ayudas de primera necesidad a más de 26.500 familias; 321 millones en ayudas para la sustitución de vehículos, con 85.692 beneficiarios; y 234,6 millones pagados en solo tres semanas tras el anuncio de la ampliación del plan de ayudas.

Todo ello, gestionado de forma directa. Desde el Consell advierten que este esfuerzo económico “sin precedentes” se está realizando sin contar con transferencias del Gobierno central, lo que ha obligado a recurrir al endeudamiento autonómico para poder cubrir los gastos derivados de la reconstrucción.