La Generalitat Valenciana ha iniciado una ofensiva jurídica y administrativa para blindar la costa frente a las decisiones del Ejecutivo central. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la presentación de 35 recursos contra los deslindes promovidos por el Gobierno de España en el litoral autonómico. Durante la presentación formal del nuevo plan de defensa costera, en la que también han intervenido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y el concejal del Ayuntamiento de València Carlos Mundina, la administración autonómica ha dejado clara su intención de proteger los municipios litorales y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados.
La dimensión del conflicto responde al peso estratégico que tiene la franja marítima para la región, donde más del 70 % de la población reside a menos de diez kilómetros del mar. La actuación estatal afecta ya de manera directa a 70 kilómetros de la costa valenciana, poniendo en riesgo una vertiente clave para la actividad económica, turística y social del territorio. Ante este escenario, la administración autonómica considera prioritario contener los procesos administrativos abiertos por el Ministerio.
El propio conseller ha subrayado la necesidad de actuar con firmeza ante lo que ha calificado como una "vorágine de deslindes" en todo el mapa regional. Martínez Mus ha asegurado que la Generalitat está impugnando cada uno de estos procedimientos para trasladar tranquilidad a la gente y evitar que estas intenciones se conviertan en normas firmes. Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha enfatizado que la administración no va a tolerar que dichas decisiones se consoliden definitivamente.
El plan autonómico se articula en torno a tres ejes fundamentales de actuación. En primer lugar, exige la ejecución de obras de protección del litoral que permanecen pendientes desde hace una década y de las cuales más de la mitad continúan sin realizarse. A ello se suma la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana mediante recursos y el desarrollo normativo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.
Dentro de esta estrategia, el Consell mantiene su firme oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas impulsado por el Gobierno central al entender que genera inseguridad jurídica. Desde la conselleria critican que un único temporal excepcional se utilice para alterar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre. En su lugar, el conseller ha reclamado que cualquier decisión sobre el borde litoral se fundamente en criterios técnicos y científicos, datos objetivos y series históricas contrastadas.
Las alegaciones presentadas atañen a más de una veintena de municipios costeros, abarcando localidades como Dénia, Sagunt, València, Cullera, Gandia, Vinaròs, Benicàssim, Borriana, Xilxes o Moncofa, además de atender procesos de regresión en Elche y Guardamar del Segura. Para respaldar a estas poblaciones, el plan autonómico incluye un acompañamiento técnico y administrativo a ayuntamientos, asociaciones y vecinos afectados mediante informes técnicos, alegaciones y recursos.
Finalmente, la estrategia regional busca equilibrar la conservación del medio natural con la certidumbre económica y el bienestar social de los municipios costeros. El plan combina el impulso a la regeneración de las playas y la recuperación del equilibrio sedimentario con la inversión en actuaciones de protección costera y seguridad jurídica. Tal y como ha defendido Martínez Mus, la protección ambiental y la certidumbre jurídica no son conceptos incompatibles, sino pilares que deben avanzar juntos.
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