Telegram, históricamente reconocida por su férrea defensa de la privacidad y la libertad de expresión, ha experimentado en los últimos meses un giro radical en su política de protección de datos.

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Este cambio responde a una creciente presión legal y social, así como a polémicas recientes que han puesto en entredicho la imagen de la plataforma como refugio seguro para la privacidad digital.

De la resistencia a la colaboración

Durante años, Telegram se negó a colaborar con gobiernos y agencias, incluso enfrentando bloqueos en países como Rusia por no ceder información de usuarios. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2024, la compañía anunció que comenzaría a facilitar datos como números de teléfono y direcciones IP a las autoridades que presentaran solicitudes legales válidas. 

Este cambio fue impulsado, en parte, por el arresto de su fundador, Pavel Durov, en Francia, acusado de complicidad en la difusión de material ilegal y otros delitos relacionados con la plataforma.

La nueva política de Telegram establece que, si recibe una orden judicial válida que confirme la sospecha de actividades delictivas por parte de un usuario, la empresa realizará un análisis legal y podrá revelar información identificativa a las autoridades pertinentes. Esta medida, que antes solo se aplicaba en casos de terrorismo, ahora se extiende a delitos como cibercrimen, fraude, piratería y crimen organizado.

Cifras que ilustran el cambio

El impacto de esta nueva política ha sido inmediato y cuantificable. En 2024, Telegram entregó datos de 2.253 usuarios en Estados Unidos tras 900 solicitudes de las autoridades; en España, la cifra alcanzó a 518 usuarios afectados por 213 solicitudes. 

El fenómeno se ha acelerado en 2025: solo en el primer trimestre del año, Telegram ha compartido información de más de 22.000 usuarios a nivel global, cuadruplicando los registros del mismo periodo del año anterior. En España, los datos de 1.129 usuarios fueron entregados a las autoridades en los primeros tres meses de 2025.

Transparencia y controversia

Para mitigar el impacto reputacional, Telegram ha reforzado su compromiso con la transparencia, publicando informes periódicos y lanzando un bot (@Transparency) que permite consultar estadísticas de solicitudes de datos por país. 

No obstante, la decisión ha generado críticas entre activistas y defensores de los derechos digitales, quienes consideran que la plataforma ha traicionado la confianza de sus usuarios y ha cedido ante la presión gubernamental.

Nuevas funciones y el futuro de la privacidad

Paralelamente, Telegram ha introducido sistemas de verificación de cuentas y nuevas herramientas de seguridad, como la verificación de terceros, para combatir fraudes y desinformación. 

Sin embargo, la tendencia global apunta a una mayor regulación y vigilancia de las plataformas de mensajería, lo que podría erosionar aún más los estándares de privacidad que antes distinguían a Telegram.

En conclusión, el cambio en la política de datos de Telegram marca un antes y un después en la relación entre privacidad y seguridad digital.

La plataforma, que alguna vez fue símbolo de resistencia ante la vigilancia estatal, ahora se enfrenta al reto de equilibrar la protección de sus usuarios con la colaboración activa con las autoridades, en un contexto donde la privacidad absoluta parece cada vez más difícil de garantizar.

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