Desde la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, existe una gran confusión entre los propietarios de mascotas en España sobre las nuevas exigencias legales. Una de ellas es que la norma prevé la obligatoriedad de contratar un seguro de Responsabilidad Civil para todos los perros. Sin embargo, la realidad sobre su aplicación y las posibles multas contiene importantes matices que muchos dueños desconocen.
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Aunque el texto legal busca que cualquier daño provocado por un perro quede cubierto económicamente, la aplicación práctica de esta medida se encuentra actualmente en un limbo normativo a nivel estatal.

El seguro obligatorio a nivel nacional y la espera del reglamento

El artículo 30 de la Ley de Bienestar Animal establece que todo titular de un perro debe mantener en vigor un seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros durante toda la vida del animal, independientemente de su raza, tamaño o edad.

Sin embargo, esta obligación estatal no es sancionable hoy en día con carácter general. La razón es que la propia ley condicionó la entrada en vigor de este requisito a un desarrollo reglamentario posterior (un Real Decreto) que debe fijar las cuantías mínimas de cobertura y las condiciones de las pólizas.

Al no haberse publicado de forma definitiva este reglamento a nivel nacional, la Dirección General de Derechos de los Animales ha aclarado que la falta de seguro en un perro "convencional" no puede ser sancionada bajo el régimen estatal.

Casos en los que puede haber multa por no tener seguro

A pesar del parón reglamentario estatal, existen dos situaciones muy claras en las que sí es obligatorio tener seguro y su ausencia puede acarrear sanciones de entre 500 y 10.000 euros.

  • Perros de Razas Potencialmente Peligrosas (PPP). La normativa específica para estos animales sigue plenamente vigente. Sus propietarios deben contar obligatoriamente con un seguro de Responsabilidad Civil específico.
  • Comunidades Autónomas y municipios con ley propia. En regiones como Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña o Asturias, así como en diversos ayuntamientos con ordenanzas locales previas, la obligación de asegurar a cualquier perro ya existía antes de la ley nacional. Por lo tanto, las autoridades sí pueden sancionar su incumplimiento.

Qué debe cubrir la póliza y qué ocurre con cuidadores temporales

El objetivo del seguro de Responsabilidad Civil es responder económicamente ante posibles daños materiales o personales que el perro pueda causar a terceros, como tirar a una persona, provocar un accidente o causar una mordedura. La ley no exige la contratación de un seguro de salud o asistencia veterinaria para el propio animal.

Por otro lado, es un error habitual asumir que el seguro cubre automáticamente a cualquiera que pasee al perro. Aunque algunas pólizas incluyen a familiares o cuidadores ocasionales, la cobertura de terceros depende exclusivamente del clausulado de cada aseguradora. Para evitar sorpresas ante un siniestro, es recomendable verificar si la póliza cubre explícitamente a personas distintas del titular cuando sacan al animal.

El seguro de hogar como alternativa

Muchos propietarios de perros ya cumplen con los requisitos exigidos por las normativas autonómicas sin necesidad de contratar una póliza independiente. Gran parte de los seguros de hogar multirriesgo incluyen la responsabilidad civil de las mascotas que conviven en la vivienda familiar. Para asegurarse de estar adecuadamente protegido, el propietario debe realizar dos gestiones básicas con su compañía.

  • Confirmar la inclusión. Verificar que la póliza de hogar cubre los daños a terceros causados por animales de compañía y qué límite económico establece.
  • Declarar la mascota. Notificar los datos del perro (nombre y número de microchip) para que consten de forma explícita en las condiciones particulares de la póliza.

En definitiva, aunque el seguro obligatorio para todos los perros podría terminar implantándose de forma definitiva en toda España tras la aprobación de su reglamento, verificar la normativa local y revisar la póliza del hogar es la mejor forma de garantizar, por ahora, la tranquilidad y el bienestar del animal.