Dos agentes de la Guardia Nacional han resultado gravemente heridos este miércoles en un tiroteo ocurrido a pocos pasos de la Casa Blanca, y ambos se mantienen en estado crítico, según rectificaron las autoridades tras haber informado inicialmente de su muerte. El presunto agresor también se encuentra herido de gravedad y fue detenido en el lugar.

El ataque ha tenido lugar en la esquina de las calles 17 e I, en el noroeste de Washington, muy cerca de la residencia presidencial. Los testigos han relatado que se escucharon dos disparos y que de inmediato la gente comenzó a correr mientras ambulancias y helicópteros llegaban al punto. Los tres implicados —los dos agentes y el sospechoso— han sido trasladados a hospitales de la ciudad, aunque posteriormente se ha confirmado la muerte de los miembros de la Guardia Nacional, ambos procedentes de Virginia Occidental. El gobernador del estado, Patrick Morrisey, ha expresado su pesar al anunciar su fallecimiento.

La Casa Blanca ha informado que está siguiendo de cerca la "trágica situación" y que el presidente Donald Trump fue notificado de inmediato mientras se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En declaraciones en la red Truth Social, el mandatario ha condenado el ataque y ha asegurado que el responsable "pagará un precio muy alto", al tiempo que ha enviado sus condolencias y expresado su apoyo a las Fuerzas Armadas y de seguridad. En la red social X, la gobernadora Kristi Noem ha pedido unirse en oraciones por los guardias nacionales heridos.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington data de agosto, cuando Trump ordenó su presencia para combatir la criminalidad en la capital, una de las ciudades con mayores índices de violencia del país. La medida generó inicialmente rechazo por parte de la alcaldesa Muriel Bowser, quien defendía que los homicidios habían disminuido gracias al trabajo policial local. Sin embargo, el gobierno federal sostuvo que posteriormente hubo cooperación entre las autoridades de la ciudad y las fuerzas desplegadas. La semana pasada, una jueza federal dictaminó que este despliegue es ilegal y ordenó su retirada antes del 11 de diciembre.