El proyecto llevaba años encallado entre recursos administrativos, advertencias de seguridad y una oposición política en pie de guerra. Hace una semana, el Gobierno laborista de Keir Starmer despejó el último obstáculo y dio luz verde a la nueva embajada de China en Londres: un complejo diplomático de dimensiones inéditas en Europa, situado en el Royal Mint Court, el antiguo complejo de la Real Casa de la Moneda británica, a escasos metros de la Torre de Londres y del puente que marca uno de los accesos simbólicos a la City.
La decisión ha reactivado una polémica de alto voltaje que mezcla urbanismo, seguridad nacional y diplomacia. El fin de semana previo a la decisión, cientos de personas se concentraron ante el antiguo edificio de la Casa de la Moneda ondeando banderas tibetanas, uigures y hongkonesas, y portando carteles con lemas como “Rechazad el nido de espías chino” o “El Reino Unido no debe arrodillarse ante nadie, en particular ante el Partido Comunista Chino”.
Una protesta con eco político
La manifestación contó con la presencia de figuras de primer nivel de la oposición conservadora. La líder tory, Kemi Badenoch, acusó al Ejecutivo de “tener miedo” de Pekín y calificó el proyecto de “error”. En su intervención advirtió de que “China es un país que ha acosado y abusado a ciudadanos británicos conectados con China” y que “ayuda a nuestros enemigos, como Rusia”.
No fue la única voz crítica. La aprobación ha provocado reproches internos en el propio Partido Laborista y ha reavivado la presión de antiguos dirigentes conservadores. Priti Patel habló de una “vergonzosa rendición ante la superembajada”, mientras que Iain Duncan Smith denunció que la decisión “ignora la brutalidad del Partido Comunista Chino y sus actividades de espionaje”.
El tamaño importa
El complejo, proyectado por el arquitecto británico David Chipperfield, ocupará más de 20.000 metros cuadrados y contará con más de 200 estancias, además de dependencias subterráneas que han alimentado las sospechas de sus detractores. Será la mayor embajada china en Europa y concentrará en un solo enclave siete sedes diplomáticas que Pekín mantiene actualmente repartidas por Londres.
La ubicación es uno de los puntos más sensibles del debate. El solar se encuentra entre la City y Canary Wharf, sobre una red de cableado por la que circulan millones de datos financieros al día. Parte de los planos presentados por China aparecieron parcialmente tachados, lo que dio pie a informaciones sobre una “sala oculta” próxima a esas infraestructuras críticas y a temores sobre un posible uso para actividades de inteligencia o para retener a disidentes.
El Royal Mint Court, la ceca del imperio británico
El recinto elegido por Pekín no es un solar cualquiera. El Royal Mint Court fue durante más de siglo y medio uno de los enclaves estratégicos del Imperio británico. La fábrica de moneda de la corona abandonó definitivamente la Torre de Londres a comienzos del siglo XIX, cuando el crecimiento del comercio internacional y la introducción de maquinaria de vapor hicieron inviable seguir acuñando moneda dentro de la fortaleza medieval. En 1809 se completó el nuevo edificio, a apenas cien metros de la Torre, concebido expresamente para la producción industrial de moneda. El terreno es un concentrado de historia de la ciudad. Alberga restos de la abadía cisterciense de St. Mary of Graces, fundada en el siglo XIV, un cementerio asociado a la peste negra y vestigios del antiguo astillero y almacén naval que ocupó la zona antes de la llegada de la Casa de la Moneda –el proyecto de la embajada contempla un pequeño recinto arqueológico con un pequeño espacio expositivo–.
El complejo fue diseñado por el agrimensor James Johnson y, tras su fallecimiento, por su sucesor Robert Smirke, responsable también del British Museum. La fachada clásica, pensada para proyectar autoridad y estabilidad, pronto se convirtió en uno de los hitos arquitectónicos del Londres de la época de la regencia.
Desde Royal Mint Court se fabricaron durante décadas las monedas que sostenían el comercio británico y colonial. Allí no solo se acuñaba moneda: el recinto fue también centro de control de metales preciosos, depósito de oro y plata y laboratorio de comparación de pesos y medidas internacionales, en un momento en que el comercio global carecía de estándares unificados.
Un proyecto en manos de Chipperfield
La Royal Mint permaneció en Tower Hill hasta finales de los años 60 del siglo XX, cuando se quedó pequeña para las necesidades de la producción. En 1968, Isabel II inauguró las nuevas instalaciones en Llantrisant, en el sur de Gales. En 1975 se acuñó la última moneda en Londres.
Desde entonces, el complejo ha tenido usos intermitentes como oficinas y espacios administrativos, sin un proyecto cultural o institucional estable. Parte del conjunto está protegido como patrimonio y el solar se encuentra dentro del área de conservación de la Torre de Londres y del perímetro declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Fue adquirido a la Crown Estate (el organismo público que gestiona el patrimonio inmobiliario de la Corona británica) en junio de 2010. Tras esa operación, el recinto quedó en manos de un consorcio privado que en 2015 formalizó una joint venture con el arrendatario principal, LRC, y obtuvo en 2017 autorización urbanística para su reconversión con fines comerciales. Pero el complejo fue finalmente vendido en mayo de 2018 a la República Popular China, con el objeto de construir su nueva embajada.
El elegido para reformar el complejo fue el arquitecto David Chipperfield, aunque hasta la fecha se conoce muy poco de un proyecto que ni siquiera aparece en la web del estudio, seguramente por razones de confidencialidad impuestas por el cliente. El premio Pritzker admitía en una entrevista concedida a The Guardian en enero de 2024 que el encargo le planteó dudas éticas, pero defendía su implicación al entenderlo como “una pieza de maquinaria diplomática, necesaria en cualquier circunstancia”. “No sentí que estuviera apoyando a un régimen”, explicaba. “Sentí que estaba apoyando la idea de la diplomacia”.
Con el visto bueno prudente del MI5
Los servicios de seguridad británicos han desempeñado un papel central en la aprobación final del proyecto. En una carta conjunta hecha pública durante el proceso, el director del MI5, Ken McCallum, y la directora de la agencia de comunicaciones de la inteligencia británica (GCHQ), Anne Keast-Butler, reconocieron que “no es realista esperar poder eliminar por completo todos y cada uno de los riesgos potenciales”. Al mismo tiempo, sostuvieron que el Gobierno había diseñado un “paquete de mitigaciones de seguridad nacional” que consideraban “experto, profesional y proporcionado”.
Ese diagnóstico fue asumido por el ministro de Vivienda y Comunidades, Steve Reed, quien concluyó que ni el Ministerio del Interior ni el de Exteriores habían planteado objeciones específicas que justificaran bloquear el proyecto desde el punto de vista urbanístico. Reed recordó además que cuestiones “éticas o similares” sobre un país concreto no pueden ser, por sí solas, un criterio legal para denegar una licencia de planificación.
Entre las medidas previstas figuran la posibilidad de que los servicios de inteligencia monitoricen el perímetro del recinto para evitar manipulaciones de los cables subterráneos y el mantenimiento de accesos para los servicios de emergencia en las zonas abiertas al público.
Los vecinos amenazan con recurrir
Para las comunidades de exiliados chinos y hongkoneses, las garantías oficiales no disipan el temor. Activistas alertaban en declaraciones a SkyNews del riesgo de que la nueva embajada se convierta en un “hub de represión transnacional”, en un contexto marcado por denuncias de acoso a opositores y por el precedente de la agresión a un manifestante en el consulado chino de Manchester en 2022.
Los residentes de Royal Mint Court, por su parte, han anunciado que estudian recurrir la decisión ante los tribunales si consiguen financiación para una revisión judicial. Su argumento combina la preocupación por la seguridad con el impacto cotidiano de un recinto que, por su tamaño, podría convertirse en foco permanente de protestas difíciles de gestionar.
La embajada, una condición de Pekín
La aprobación llega en un momento políticamente oportuno para Downing Street. Starmer inicia este miércoles una visita oficial a China, la primera de un primer ministro británico en ocho años, con el objetivo declarado de recomponer la relación bilateral y ampliar los lazos económicos. Pekín llevaba tiempo señalando la embajada como una prioridad en la agenda y el propio Xi Jinping planteó el asunto directamente en una conversación telefónica con Starmer en 2024, hasta el punto que algunos observadores consideran que el tema era una condición de Pekín para profundizar en la relación de ambos países.
El Gobierno británico defiende que autorizar la obra no implica “blandura” frente a China, sino una gestión pragmática de una relación inevitable con una gran potencia. Para sus críticos, en cambio, el edificio de Royal Mint Court es algo más que una sede diplomática: un símbolo incómodo de hasta dónde está dispuesto a llegar Londres para normalizar sus vínculos con Pekín.
La batalla, en cualquier caso, no ha terminado. Aunque el permiso está concedido, los recursos judiciales y la presión política auguran que la futura embajada –antes incluso de levantar un solo muro– seguirá siendo uno de los puntos más vigilados del mapa londinense.
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