Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han llegado este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, según ha informado en sus redes sociales la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. "Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición", ha escrito Kallas. Este paso ha sido posible tras el cambio de posición de Francia y España, entre otros.

Con esta decisión la UE coloca a la Guardia Revolucionaria, próxima al Líder Supremo, al mismo nivel que Al Qaeda, Hamás o ISIS. Siguen así los pasos de Estados Unidos, Canadá o Australia.

Además, el Consejo de la UE ha anunciado sanciones contra 15 personas y seis entidades de Irán por su responsabilidad en las continuas violaciones de derechos humanos y por la represión reciente. Miles de personas han muerto en las protestas de las últimas semanas. Entre los sancionados figuran el ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y el fiscal general, Mohammad Movahedi Azad.

También se incluye en la lista negra al juez Iman Afshari y a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, así como a oficiales de alto rango de la policía y la Fuerza de Orden Público, según informa Efe que cita el comunicado del Consejo. "Todos ellos participaron en la represión violenta de protestas pacíficas y en la detención arbitraria de activistas políticos y defensores de los derechos humanos", dice el texto.

Entre las entidades sancionadas están la Autoridad Reguladora de los Medios Audiovisuales de Irán (SATRA), la Organización del Ciberespacio Seraj, el Grupo de Trabajo para la Determinación de Casos de Contenido Delictivo (WGDICC) y varias empresas de software.

Según la UE, estas entidades participaron en actividades de censura, campañas de acoso en redes sociales, difusión de desinformación e información errónea en línea, o contribuyeron a la interrupción generalizada del acceso a internet mediante el desarrollo de herramientas de vigilancia y represión. Las medidas restrictivas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos en Irán se aplican ya a un total de 247 personas y 50 entidades.