El Gobierno de Javier Milei ha avanzado en la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria con competencias de policía e inteligencia criminal, un organismo anunciado en noviembre de 2025 y concebido para reforzar el control en fronteras y la expulsión de extranjeros que cometan delitos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha explicado este miércoles que su departamento está “conformando lo que vendría a ser una futura Agencia de Seguridad Migratoria”, a la que ha definido como un ente con “poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera”, en una entrevista en Radio Mitre.

Monteoliva ha confirmado además que el titular del nuevo organismo será Diego Valenzuela, exintendente del municipio bonaerense de Tres de Febrero, que pasó del espacio del expresidente Mauricio Macri al entorno político de Milei.

"Completamente distinto" al ICE

Según los datos aportados por la ministra, en diciembre fueron expulsados de Argentina 2.403 extranjeros y en enero otros 1.971, contabilizados como inadmitidos, deportados y extraditados. Pese a la comparación recurrente, Monteoliva ha subrayado que el formato de la futura agencia “es completamente distinto” al del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. “No es de persecución de migrantes; quienes tienen que estar preocupados son quienes delinquen: homicidas, violadores, terroristas”, ha señalado.

El nuevo ente fue presentado inicialmente como Agencia Nacional de Migración, dos semanas después de que el Ejecutivo trasladara las funciones de control y gestión migratoria del Ministerio del Interior a la cartera de Seguridad. En ese momento, la entonces ministra Patricia Bullrich anunció que tendría “poder de policía” y que endurecería los controles para frenar “el delito transnacional y la inmigración ilegal”.

En mayo de 2025, el Gobierno aprobó una reforma del régimen migratorio que ha incluido mayores restricciones para acceder a la residencia, el fin de la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros en hospitales públicos y la implantación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.