Venezuela abre una nueva etapa, al menos sobre el papel. La Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad una ley de amnistía destinada a los presos políticos de las crisis vividas entre 2002 y 2025. Esta medida busca asentar lo que el oficialismo denomina un "nuevo momento político", iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero. La normativa abarca episodios clave de la historia reciente venezolana, desde el golpe contra Hugo Chávez en 2002 hasta las recientes protestas antigubernamentales de 2024.

Desde el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez ha defendido la medida como una oportunidad para que el país aprenda a convivir "pacífica y democráticamente". La mandataria, que ha instado a la sociedad a despojarse del odio y la intolerancia, ha llegado incluso a solicitar el cierre de la cárcel de El Helicoide, un recinto tristemente célebre por las denuncias de torturas de la oposición. Según Rodríguez, el objetivo es que impere el "entendimiento" y el reconocimiento mutuo a través de la capacidad de pedir y recibir perdón.

Sin embargo, el artículo 9 de la nueva legislación es tajante y establece exclusiones severas, quedan excluidos de la amnistía los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción. Esta barrera legal pretende separar a los actores políticos de aquellos acusados de delitos de sangre o de aprovecharse del erario público, una distinción esencial en el nuevo marco jurídico.

Existe otra exclusión significativa, una cláusula contenida y reflejada en el artículo 8, está dirigida a quienes hayan promovido o financiado acciones de fuerza contra la soberanía nacional con apoyo de "Estados, corporaciones o personas extranjeras". Esta cláusula parece blindar al Estado contra aquellos que participaron en las maniobras que facilitaron la intervención externa, un punto de fricción constante en el relato de la soberanía venezolana.

El proceso de ejecución recae ahora en los tribunales competentes, que disponen de un plazo máximo de 15 días continuos para verificar cada caso y decretar la nulidad de procesos o la revisión de sentencias. Una comisión especial supervisará la implementación de la ley para asegurar que los mecanismos de excarcelación se cumplan en este giro del Ejecutivo.

Las ONG y los sectores críticos

Pese al optimismo gubernamental, las ONG y los sectores críticos han recibido la noticia con una mezcla de esperanza y profundo escepticismo. Oscar Murillo, coordinador de Provea, ha denunciado un "injustificable exceso de exclusiones" que no concuerda con un espíritu de paz real, lamentando que no se hayan eliminado las inhabilitaciones políticas. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón ha calificado la norma de "revictimizante", advirtiendo que los filtros y ambigüedades podrían dejar fuera a quienes más necesitan justicia.

La realidad numérica también arroja sombras sobre el alcance de la ley. Según Foro Penal, todavía existen 644 presos políticos en el país, tras las 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero. Muchos de estos detenidos ni siquiera han recibido una condena firme y han sufrido sistemáticos retrasos en sus procesos judiciales, lo que convierte su situación en un limbo legal que esta amnistía, de carácter restrictivo según Alfredo Romero, podría no resolver totalmente.

La voz de los liberados también resuena con dureza, como la de Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, quien tras salir de prisión ha calificado el documento de "chantaje". Para el dirigente opositor, la reconciliación solo es posible si se basa en la verdad, advirtiendo que los centros de tortura siguen abiertos y que muchos militares continúan presos por alzar la voz. La reconstrucción de la justicia en Venezuela depende ahora de cómo se apliquen estas exclusiones. Venezuela camina así entre la promesa de una nueva era y el temor de que esta amnistía sea solo un ajuste de cuentas incompleto.