Hiciera lo que hiciera al final de las deliberaciones, el daño estaba ya hecho. Y lo estaba porque el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, adoptó la insólita decisión de avocar a Pleno el 19 de octubre para examinar y, como ha sucedido al final, volver a cambiar la doctrina que la Sección Segunda de esa Sala había establecido el día anterior en una sentencia que hacía cargar sobre los bancos -y no sobre el cliente, como había sido durante los últimos 20 años- el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
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