Antonio Maíllo ha pronunciado estos días la palabra mágica, la que radica en el cerebro reptiliano de la izquierda, la que se representa en sus sueños más inconfesables y la que siempre que se ha aplicado sobre el mercado residencial ha tenido un resultado idéntico: arbitrariedad y desastre. Ha apelado a 'expropiar' miles de viviendas. A pasarse por el forro los contratos para que cambien de manos activos cuyo valor asciende a alrededor de 5.500 millones de euros.

El exdiputado andaluz lo ha hecho en un vídeo que incluye una cita a Lorca, poeta al que parece recurrir para darle un toque de legitimidad a su propuesta, que, intuye, no gustará a la derecha, que suele ser “servil y sumisa” con los fondos de inversión.

Maíllo es filólogo, así que es de suponer que por eso cita a Lorca en lugar de al Banco de España para justificar su tesis. También es político y bebe de una ideología que, aunque adaptada a la modernidad, nunca se ha replanteado de forma seria el hecho de que tras la Ley de la Tierra (1917) llegara el hambre; tras las colectivizaciones, los abusos; tras las nacionalizaciones de los recursos, la escasez; y tras el 'exprópiese' chavista -al que imita-, la sinrazón.

A quien interpreta la realidad de esta forma, no se le puede explicar que la libertad radica en el respeto a la propiedad privada; en que nadie amenace tu patrimonio ni se cuele en el lugar donde vives sin una orden judicial. Sólo así pueden desarrollarse las sociedades y sólo así se puede proyectar con ciertas garantías. Lo que sucede es que en España hay una izquierda que bebe de movimientos siniestros, que no olvida y que no descarta, de ahí que el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, haya apelado a “expropiar” las 25.000 viviendas que los fondos de inversión han anunciado que sacarán al mercado español. ¿Para qué? Para hacer negocio. Para eso son suyas.

Fondos de inversión en España

Su decisión se ha anunciado en mitad de la crisis de oferta más evidente de las últimas décadas, que ha provocado -simplificando- que se eleven los precios y la demanda del alquiler se dispare. Así que los fondos Blackstone, Ares, Culmia, Azora, Cerberus, Q-Living y Patrizia buscan compradores para sus carteras, que suman 5.500 millones de euros, sobre miles de viviendas para rentar.

¿No es acaso propio del hampa tomar posesión sobre lo que no es tuyo? Así a lo mejor se entiende mejor lo que implica expropiar un bien -no se habla de una mina o una fábrica en tiempos de guerra- para solucionar un problema que surge de una nefasta política, practicada durante muchos años a varios niveles: el económico, el demográfico, el social...

Llegados a este punto y tras volver a escuchar este término, alguna voz juiciosa podría podría plantear que las crisis de oferta se resuelven mediante el incremento del número de unidades disponibles. Suele ser más viable que la aniquilación de una parte de la demanda -no es plan de imitar a algunos tiranos que idolatra esa izquierda- o que el establecimiento de regulaciones que impongan sacrificios a los propietarios.

El Sindicato de Inquilines y su superchería chiflada

Lo que sucede es que en esta España populista cada vez es más complejo plantear lo racional y por eso se apela al extremo, que se materializa en color negro y sentido absurdo. Supuestos especialistas, reclamados a diario por los medios de comunicación, como Jaime Palomera, niegan incluso que el mercado de la vivienda se rija por la ley de la oferta y la demanda, en algo que es acientífico y roza la superchería, pero que se acepta y se promociona incluso en RTVE, como sucede con cualquier argumento que encaje dentro del catecismo imperante.

Se plantean entonces aquí varias preguntas: ¿Cómo buscar soluciones con personas que piden endurecer la regulación o incluso confiscar? ¿Cómo corregir el desequilibrio existente si la propia Irene Montero afirmaba hace unas horas que “la solución no es construir más”, dado que eso favorecería la especulación? ¿Cómo buscar posturas razonables cuando oportunistas con piel de cordero y traje de gerente del INI, como Salvador Illa, coquetean estos días con sindicatos absurdos de vivienda, que también reproducen consignas que cuestionan la propiedad privada?

Es evidente que existe un problema y que el mero hecho de que el 35% de las compraventas se realicen al contado -según el INE- y que sólo el 15% de los inmuebles que se transfieren se utilicen de primera vivienda hace pensar que los inversores acaparan una parte del mercado, en perjuicio de demandantes con menor poder adquisitivo, a los que empujan a un alquiler cada vez más caro en las zonas de alta demanda.

A lo mejor sería lo suyo aplicar, de forma temporal, alguna medida que beneficie a los últimos frente a los primeros -como sugiere el Banco de España-, mientras se estimula la oferta con cambios en la ley de suelo, con ventajas fiscales, con planes de parque de vivienda disponibles, con medidas que fomenten la rehabilitación o con normas que aceleren la recuperación de una propiedad cuando se okupa o cuando se sufre un impago.

Déficit de viviendas

El BdE advertía hace unos meses que tan sólo en 2022 y 2023 se registró un déficit de 485.000 viviendas en España. Se formaron 545.000 nuevos hogares -en un contexto de aumento demográfico- y se construyeron tan sólo 200.000 inmuebles. Estimó en 1,5 millones el número de inmuebles de alquiler social que son necesarios de forma relativamente urgente. Mientras, las patronales de la construcción lamentan, cada poco, que la enorme burocracia y las normativas sobre el suelo demoren durante muchos meses el inicio de cualquier proyecto de construcción.

Es evidente que existe un problema. Hace falta vivienda. Hace falta construir y no atender a las voces populistas que pronuncian el término 'especulación' cada vez que un constructor entierra un cimiento, mientras niegan la existencia de la ley de la oferta y la demanda en el mercado. ¿De veras esos individuos están capacitados para ofrecer opiniones, después de que ninguna de las medidas que han propuesto, e incluso aprobado, hayan implicado una mejora del mercado de la vivienda?

El comunismo -al que representa Maíllo- siempre echa balones fuera y busca enemigos a su alrededor para explicar sus propios errores, que son de concepto. Por eso ahora señalan a los propietarios y por eso ahora piden a la autoridad competente que les arrebate sus bienes. Ya lo hizo el año pasado la hiperventilada portavoz del Sindicato de Inquilinos, Valeria Racu, mientras apeló a realizar una huelga de alquileres. Son ridículos.

Son incapaces de resolver los problemas porque su propio discurso lo es. Mientras mantengan su influencia en las instituciones -IU pertenece a Sumar; y Sumar está en Moncloa-, España avanzará en el camino de ese populismo inefectivo y destructivo; y acabará por culpar al vecino de la ruina que su regulación y su dogmatismo generaron. O al 'gran Wyoming', que este miércoles apelaba a resolver el problema de la vivienda y a tomar medidas drásticas, sin darse cuenta que a lo mejor pide el voto para quienes quieren confiscar bienes a los grandes tenedores... como él, que tiene derecho a disfrutar de sus múltiples propiedades, que se ha ganado con su trabajo y que nadie le debe expropiar.