La sostenibilidad de la deuda pública es un objetivo de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2024. La experiencia reciente evidencia que la deuda pública reacciona rápidamente al alza ante crisis económicas y perturbaciones exógenas, mientras que, en ausencia de fuertes crecimientos nominales de la economía, muestra resistencia a la reducción. Las perspectivas de medio plazo apuntan a una diversidad de factores que presionan al alza la deuda pública, como el envejecimiento de la población o el gasto en defensa.

El caso nacional es ilustrativo de la pertinencia de retomar el foco en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En pocos años, la deuda pública se elevó en más de 25 puntos, hasta alcanzar un máximo del 124,2 % del PIB en el primer trimestre de 2021. Desde entonces, se ha corregido parte del incremento, y nuestras proyecciones de medio plazo apuntan a que esta tendencia de reducción persista unos años más y sitúe la deuda pública por debajo del 100 % del PIB. La retirada de las medidas para hacer frente a las sucesivas crisis y el dinamismo económico explican este comportamiento. Sin embargo, las expectativas de menor crecimiento económico nominal y de ampliación del desequilibrio presupuestario llevan a que nuestras proyecciones de largo plazo —y las de la Comisión europea— sean, en un escenario a políticas constantes, de inflexión en el comportamiento de la deuda pública, con una tendencia al alza que la prudencia fiscal aconseja abordar.

El Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 recoge los compromisos de España ante las instituciones europeas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Son compromisos definidos en términos de gasto primario neto de medidas de ingresos que permitirían, con elevada probabilidad, una reducción de la deuda pública más allá del horizonte temporal del Plan. El crecimiento promedio anual comprometido es de un 3,4 %, con una distribución temporal que deja para los últimos años las tasas más moderadas.

Cumplir los compromisos fiscales es importante para situar la deuda pública en una senda descendente. Según nuestras previsiones de finales de octubre pasado, hay riesgo de superar las tasas de referencia anuales del Plan. En el ámbito europeo se permiten desviaciones que serían admisibles hasta 2027. Pero, en ausencia de medidas, lo que está en riesgo es el descenso de la deuda pública al ritmo pretendido, a pesar de un crecimiento económico más moderado pero sostenido y diferencialmente alto respecto a los países de nuestro entorno.

Como supervisores fiscales consideramos necesario concretar una estrategia que promueva el cumplimiento de esos compromisos. El Plan definido en 2024 no constituye una verdadera estrategia de medio plazo. Ni fue consensuado ni contiene medidas. Y durante 2025 la indefinición del marco institucional presupuestario se ha acrecentado ya que no se presentó por segundo año consecutivo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ni el Plan Presupuestario que se debe remitir a Europa para concretar, año a año, cómo alcanzar los compromisos plurianuales. Tampoco se ha contado con objetivos de estabilidad ni con una regla de gasto clara que sirvieran de referencia a las otras Administraciones públicas para preparar no ya sus planes de medio plazo, sino los propios presupuestos anuales. En este contexto, es necesario un esfuerzo desde el coordinador de la política fiscal para dar respuesta al reto de asegurar la sostenibilidad en un Estado descentralizado.