Me resulta muy interesante lo del cambio de año, pues dice mucho de la naturaleza humana y su necesidad de momentos y referentes simbólicos. Solo así se puede explicar que un simple salto en el calendario se convierta en un momento de emoción que viene acompañado de deseos de mejora y superación. Es como si la caída de esa última hoja del almanaque nos impulsara y diese fuerza para afrontar nuevos retos o poner solución a los problemas que venimos arrastrando desde tiempo atrás. Aunque no siempre ha sido así. Recuerdo cuando la emoción ante el nuevo milenio fue ensombrecida por el llamado Efecto 2000. Entonces contuvimos la respiración ante la posibilidad de fallos masivos en los sistemas informáticos, ya que muchos programas usaban series temporales que terminaban en 1999 y no se sabía con certeza qué ocurriría cuando el reloj diese las doce campanadas. Como el problema se había previsto, fue corregido y ninguna máquina explotó.

En América Latina hay muchos ritos de Año Nuevo con los que se busca dejar de lado las malas experiencias del año que acaba y llamar a la suerte para el año que comienza. Algunos tienen que ver con el color de la ropa interior, usándose en función de lo que se esté pidiendo; otros consisten en correr cargando una maleta para invocar viajes o en esconder billetes en los zapatos para llamar a la fortuna; los hay que recurren a la magia pura y dura, como el del huevo roto sobre un vaso de agua que se deja toda la noche al fresco y, al día siguiente, desvela a quien hizo la consulta cuál será su suerte. 

Aunque sus efectos no están aún del todo estudiados, la extorsión tiene una repercusión social posiblemente más fuerte que el narcotráfico

Durante mi infancia y juventud en Ecuador quemé “años viejos”, un ritual pirómano parecido a las fallas en el que el fuego arrasa con unos muñecos que representan personajes que, para quien los incendia, simbolizan el cúmulo de sus males –Acá un inciso: es interesante que ahora en los medios ecuatorianos, al hablar de los muñecos que serán quemados, se refieran a ellos como “monigotes”, cuando su nombre de toda la vida fue el de “años viejos”. Es un sustantivo que comenzó a utilizarse en los medios de comunicación de España, cuando cubrían los festejos que realizaban las primeras comunidades de inmigrantes ecuatorianos allí asentadas a inicios de los años 2000. Un ejemplo más de los viajes de ida y vuelta de la globalización, a los que también se ha sumado la costumbre de comer doce uvas, adoptada por algunos fuera de España–.

El fantasma de la extorsión

Sin embargo, más allá de los rituales, la realidad se impone sobre el deseo. Luego de un recorrido por las redes sociales, se puede decir que, para una gran cantidad de latinoamericanos, los deseos de 2026 son más seguridad y menos violencia, mejores oportunidades laborales, reencontrarse con personas queridas que han tenido que migrar y, en definitiva, que sus países funcionen mejor. Anhelos que reflejan claramente los principales problemas que afronta la región.

Respecto al primero, a pesar de que ya he escrito muchas veces sobre ese tema en estas páginas, cabe recordar que la incorporación de cada vez más países de la región a la red de comercialización de la cocaína ha traído consigo la violencia que esa industria genera debido a estar ilegalizada. Pero las consecuencias no acaban en los enfrentamientos entre bandas, ni en la descomposición que generan en los entornos donde operan, ni en su infiltración en las instituciones públicas –y su consiguiente desestructuración e instrumentalización–. A todo lo anterior hay que sumar otros delitos que han aumentado debido a la diversificación de actividades de las organizaciones criminales.

La extorsión es uno de esos delitos que las bandas han sumado a su cartera de servicios. Aunque sus efectos no están aún del todo estudiados, se ve que tiene una repercusión social posiblemente más fuerte que el narcotráfico, ya que su acción afecta directamente a un número mayor de personas, pues no solo repercute en el extorsionado sino en toda su familia. El rango de actuación de los delincuentes va desde grandes empresas hasta pequeños vendedores ambulantes que apenas consiguen dinero para alimentar a sus familias. Las amenazas muchas veces se transforman en torturas, mutilaciones o el asesinato de quienes se rehúsan a pagar. Algunas víctimas cierran sus negocios o huyen a otras ciudades o países debido a la incapacidad de hacer frente a los pagos. Hay que tomar en cuenta que la cuota que establecen los extorsionadores se debe abonar más allá de los resultados de la actividad económica del extorsionado. Si la víctima no puede hacerlo, la cantidad se convierte en deuda incrementada por intereses de usura.

La extorsión deja secuelas en las víctimas. Además de los efectos psicológicos provocados por el estrés que genera la amenaza permanente, aumenta también la anomia social, un estado que el sociólogo francés Émile Durkheim definió como la falta o ausencia de normas claras y reguladoras, un desorden moral donde los lazos sociales se debilitan y los individuos pierden el sentido de dirección y propósito. Situación que empeora con la inacción del Estado y de la policía, cuerpo que más bien tiene miembros que colaboran con las bandas. El impacto de la inseguridad y la violencia no es solo criminal: es macroeconómico. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que los costes directos del crimen y la violencia en la región alcanzaron en 2022 un 3,44% del PIB, drenando recursos que deberían ir a educación, salud e infraestructuras. 

En Perú, la extorsión a transportistas se ha vuelto una economía de muerte: 180 conductores habrían sido asesinados en 2025 por negarse a pagar

La “vacuna” o “cuota” ya no es un delito periférico: es un impuesto armado que reordena economías locales y erosiona la autoridad del Estado. Hay países, como Colombia, donde la extorsión se ha convertido en una economía criminal transversal: autodefensas, disidencias guerrilleras, narcos y delincuentes comunes compiten por territorios y “rentas” ilegales. En otros, como Perú, la extorsión a transportistas se volvió una economía de muerte: 180 conductores habrían sido asesinados en 2025 por negarse a pagar, en un país que ese mismo año registró un promedio de 67,5 denuncias diarias por este delito. El salto cuantitativo se produjo entre 2021 y 2022, cuando las denuncias pasaron de 4.746 a 16.363; en los años posteriores la tendencia se consolidó con 22.706 casos en 2023 y 22.400 en 2024, mientras las mafias convertían rutas y mercados en territorios de cobro.

Chile no ha sido ajeno a esta dinámica: el aumento de la extorsión y otros delitos organizados ha alimentado un clima de inseguridad que cuesta al país cerca de 8.200 millones de dólares al año en pérdidas económicas, afectando horarios comerciales y hábitos sociales, hasta el punto de convertir la seguridad en eje central de la campaña electoral de 2025. En Ecuador, las denuncias por extorsión se triplicaron en apenas dos años –de 6.651 en 2022 a 20.293 en 2024–, cifras con un evidente subregistro, mientras que en México el delito alcanzó niveles récord, con más de 5.887 víctimas en los primeros seis meses de 2025, lo que ha impulsado iniciativas para imponer penas de hasta 42 años de prisión, aunque muchas víctimas sigan sin denunciar por miedo o desconfianza.

Al final, el verdadero deseo para 2026 es que la emoción de este nuevo salto en el calendario no se evapore con el humo de los “años viejos”. Que la caída de la última hoja del almanaque no solo marque el paso del tiempo, sino el inicio de una reconstrucción real del derecho a vivir, por fin, sin amenazas.