La nueva guerra de Irán, con el consiguiente y anticipado cierre de Ormuz, está provocando un encarecimiento de los combustibles y de la energía en general. Desde todo el espectro político se exige la adopción de medidas fiscales que rebajen el precio de todos los productos afectados. Vuelve la polémica surgida con el encarecimiento del gas y de la electricidad al comienzo de la guerra de Ucrania. Como es habitual, no se analizaron los efectos de las intervenciones en los precios, por lo que es fácil caer en los mismos errores que hace solo 4 años.

La formación de precios es un elemento esencial de la economía. Cuando un elemento exógeno, como el cierre de Ormuz, afecta a la oferta se produce un aumento de precios: la demanda se tiene que ajustar a las nuevas condiciones de la oferta. Con carácter general, en Europa los impuestos forman parte del precio final de la energía.

Cuando compramos un litro de gasolina, sabemos lo que nos cuesta, siendo indiferente qué parte corresponde al petróleo, al refino, al transporte, a la estación de servicio y a los impuestos. Si se bajan estos últimos, descenderá el precio o compensará el alza del petróleo, con lo que la demanda no se reducirá. Como la oferta sigue estando afectada por la guerra, un mantenimiento de la demanda provocará nuevas alzas del crudo y del gas. Es preciso aceptar que el precio se ajuste porque es necesario que reduzcamos nuestro consumo. Dejemos que el mecanismo de formación de los precios siga funcionando porque las consecuencias de no hacerlo son peores: crisis recaudatoria y desabastecimiento.

Decía en un artículo anterior que la oferta y la demanda no tienen ideología, pero en todo el espectro político nadie cree en ello: en nuestro maravilloso estado del bienestar parece que la responsabilidad del Estado es impedir que la guerra de Irán afecte al bolsillo de los votantes, no vaya a ser que dejen de votarme.

Rechacemos los ajustes de impuestos en caliente y ayudemos a los que de verdad se quedan atrás.