Una de las manifestaciones más perjudiciales del intervencionismo público en la economía es su intrusión en las empresas privadas. Como europeos ya estamos muy acostumbrados a la intensa regulación que tanto afecta al funcionamiento diario de todas las empresas. Pero aquí nos vamos a referir a la intervención directa en una empresa en particular.

Este fue el caso de Talgo, que recibió una oferta de un grupo húngaro que fue bien recibida por el consejo de administración. El Gobierno, aprovechando una legislación extraordinaria de la pandemia, decidió que Talgo era una empresa estratégica y rechazó la compra, a pesar del pasaporte comunitario del comprador. Es más, según comentó la prensa, parece que informó a un grupo polaco de que no se molestase en presentar su oferta porque iba a seguir el mismo camino. ¡Qué bien vino el Covid a los gobiernos intervencionistas!

Una legislación extraordinaria por un motivo determinado permanece vigente a pesar de la desaparición del mismo. También una multa millonaria del ministerio de Transportes por el retraso en la entrega de trenes desapareció cuando la empresa fue vendida al candidato del Gobierno, la vasca Sidenor, a un precio un 15% inferior al de la primera oferta. Desconozco la contraprestación de los partidos independentistas vascos por esta intervención del Ejecutivo. Tanto los húngaros como los antiguos accionistas de Talgo han interpuesto sendas reclamaciones, en la UE los primeros y en los tribunales españoles los segundos. Lo bueno de la política es que cuando se resuelvan el coste lo asumirán otros, los que en ese momento estén en el gobierno.

Otros casos muy notorios se dan cuando el Gobierno tiene una participación minoritaria en el capital de la empresa. Fue el caso de Telefónica, comentado en estas páginas. En resumen, con una participación del 10% el Gobierno, desde un despacho del palacio de la Moncloa, se permite quitar y poner presidentes, al margen del consejo de administración. El colmo es que al consejero delegado de Criteria, el holding empresarial de Caixabank, que actuó de apoyo del jefe de gabinete económico de la Moncloa (lo que le costó el puesto) acaba de ser agraciado con la presidencia de Indra.

Telefónica, Indra: parece que las reglas del gobierno corporativo no se aplican cuando el socio es la administración pública, con el supervisor encargado de la vigilancia de los mercados mirando para otro lado.

Indra es otro ejemplo que también comentamos en estas páginas con motivo de la más que presunta concertación entre Amber Capital (principal accionista de Prisa) y la SEPI para echar a todos los consejeros independientes que eran críticos con la gestión del presidente Murtra, puesto por la SEPI. Lo que ha sucedido después se merecería un libro como ejemplo perverso de intervencionismo público en una empresa privada y, en general, en la actividad económica. Me voy a centrar en dos temas:

  1. El “campeón nacional”. Siguiendo lo que parecía una trasnochada política industrial, en los países de la UE nos hemos lanzado a la búsqueda de campeones nacionales, olvidándonos precisamente de que pertenecemos a la UE y que estos campeones deben salir naturalmente de la innovación y la competencia. Pues no, el gobierno de turno ha decidido que tenemos que tener campeones nacionales y en España y en el sector de defensa este debe ser Indra. Le llueven los contratos y, con una tendencia a aumentar el gasto en defensa, la expectativa es que vaya a más. Y como Indra es una sociedad cotizada se nota en la cotización: entre el 1-1-2023 y el 28-2-2026 la cotización de Indra se ha revalorizado el 625% frente al 121% del Ibex 35. Sus accionistas tienen que estar muy contentos, incluyendo alguno al que el Gobierno le debe muchos favores, pero no tanto muchos empresarios del sector que no se han visto favorecidos por esa decisión política de la elección del campeón.
  2. Los conflictos de intereses. Ya hicimos mención en un artículo anterior al caso de la posible compra de EM&E vinculada al entonces presidente de Indra y que varios meses después se ha utilizado como excusa para forzar su dimisión, de una manera hipócrita. El conflicto existía desde mucho antes, ya que EM&E era el principal proveedor, subcontratista y socio en UTE de Indra, lo que era perfectamente conocido por la SEPI cuando le nombró presidente. Es más, el meteórico ascenso de EM&E se debió a su unión con Indra, que le hizo pasar de ser una empresa pequeña a valer entre 1.500 y 2.000 millones de euros, cifras que se valoraban para la adquisición. El conflicto de intereses no solo se producía con la fusión, sino que era recurrente por el posible trato favorable del presidente ejecutivo de una empresa a la suya familiar. La excusa del conflicto de intereses por la compra de EM&E para forzar la salida del Sr. Escribano es falsa y desconocemos la verdadera razón de la pérdida del favor de la SEPI-oficina económica de la presidencia del gobierno hacia el presidente destituido.

La razón de fondo de por qué hay que rechazar la participación del sector público en empresas privadas y más si son cotizadas es que es muy fácil que se produzca un conflicto entre los intereses del accionista sector público y los del resto de sus socios. Es frecuente que no coincidan e incluso si en un momento lo hacen el político de turno puede cambiar de opinión y ya sabemos que esto es muy fácil que ocurra. Y pondrá toda su fuerza mediática para que no sepamos las verdaderas razones. Eso sí, la cotización lo notará como en el caso de Indra que, en marzo de 2026, cuando ha estallado el culebrón, ha caído el 26% frente al -7% del Ibex.

Telefónica, Indra: parece que las reglas del gobierno corporativo no se aplican cuando el socio es la administración pública, con el supervisor encargado de la vigilancia de los mercados mirando para otro lado.

Para colmo, se anuncia un fondo soberano de hasta 120.000 millones de €, cuyo origen serían los 10.500 millones de fondos europeos “next generation” sobrantes, 60.000 millones de créditos ICO y el resto de la banca. El nombre de fondo soberano es una trampa, ya que estos se nutren de excedentes presupuestarios y suelen tener la función de una reserva de valor en previsión de tiempos peores. Ninguno de estos dos requisitos se cumple en este caso. Pensemos en lo que podría pasar si siguiesen el modelo de Telefónica e Indra. Crucemos los dedos para que solo sea un ejemplo más del “relato” y no se haga realidad.