En apenas 24 horas se han publicado tres encuestas en las que se pregunta a los españoles sobre la Justicia: una en La Vanguardia; otra en El País, y otra, la que ha hecho Tezanos para el CIS.
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Las causalidades en política no existen, así que esta coincidencia en el tema y en el tiempo hay que ponerla en contexto: la intención es hacer ver que la mayoría de los españoles desconfía de la Justicia. Justo en el momento en el que el foco informativo está sobre los casos de corrupción que achicharran al Gobierno.

El titular de El País ha sido el más explícito: "Más del 65% de los españoles considera que en España existe lawfare". Dudo que haya tantos españoles que sepan definir qué es el lawfare. Hasta El País en la información que acompaña a ese titular tiene que explicar entre paréntesis lo que significa lawfare: "guerra judicial".

Esta encuesta (hecha por el Instituto 40dB, que dirige la socialista Belén Barreiro, que presidió el CIS entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Zapatero) provocó la inmediata salida a los medios del ministro Óscar López: "Las encuestas que hemos conocido hoy (por el lunes) deberían llevar a la reflexión a quienes tienen y administran la Justicia".

El ministro que lleva meses -junto a Óscar Puente- criticando las decisiones judiciales, justificándolo como un ejercicio de "libertad de expresión", cree verse reafirmado en su tesis de que algunos jueces toman decisiones injustas contra personas de su partido y familiares del presidente. El Gobierno parece sentirse reconfortado por la tesis de que la mayoría de los españoles comparte la idea de que la Justicia defiende a la derecha y ataca a la izquierda.

Llevamos mucho tiempo siendo bombardeados por esa tesis, que lo que provoca es la desconfianza en las instituciones. Se lanza sin recato desde el Gobierno (a excepción de la ministra y jueza Margarita Robles) y desde los medios próximos, así como por todos los tertulianos que ejercen como peones mediáticos de Pedro Sánchez, también sin disimulo. Esa campaña larga y machacona algún efecto, sí, ha tenido: según el sondeo de La Vanguardia "más del 60% de los votantes socialistas dudan de que las decisiones de los jueces sean imparciales". En eso coincide también la encuesta de El País: "Mayoritariamente, los votantes de izquierda son los que creen que los jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas".

Una mayoría clara de españoles cree que la sentencia sobre Ábalos ha sido justa y que también lo es la investigación sobre Zapatero

Hay que deducir que la campaña de desprestigio de la Justicia, iniciada con determinación después de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno (justo cuando se produjo la reunión fundacional de la cloaca comandada por el dúo Leire/Santos Cerdán) ha tenido como consecuencia que una mayoría de los votantes de izquierda desconfíe de las decisiones de los jueces. ¡Menudo éxito! No me parece una renta como para sacar pecho. Sobre todo, si entramos en los pormenores de los tres sondeos, justo en los aspectos que no figuran en los titulares, pero que se corresponden con las respuestas de los ciudadanos a esos sondeos.

Vayamos a El País. Según la encuesta de 40dB, "sólo el 16% considera que la condena a Ábalos y la trama del caso Koldo obedece a razones políticas o partidistas". Ese porcentaje, según el citado sondeo, se eleva al 35,9% en el caso de la investigación a Begoña Gómez y al 33,7% en el juicio a David Sánchez. Es decir, que sólo un tercio de los españoles alberga dudas en esos dos casos. Sin embargo, el porcentaje que opina que existen indicios sólidos es prácticamente el mismo en el caso de la esposa del presidente y sube al 37,4% en el de su hermano.

En el caso de Zapatero, los porcentajes son aún peores para el Gobierno. El 40,8% ve indicios sólidos en la investigación al ex presidente del Gobierno, mientras que sólo un 26,4% ve razones políticas. Es decir, que una mayoría muy cualificada de españoles respalda la actuación de la Audiencia Nacional en el caso de Zapatero.

Las conclusiones de los tres sondeos, en efecto, no son muy halagüeñas para el Gobierno. Si desde Moncloa se impulsó hacerlas coincidir, el tiro le ha salido desviado.

Por ejemplo, cuando en la encuesta de El País se pregunta cuál es la valoración de las distintas instituciones judiciales, la que sale mejor parada es el Tribunal Supremo (5,2), mientras que la peor valorada es la Fiscalía General del Estado (4,4). En la encuesta de La Vanguardia se pregunta precisamente por la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz y la respuesta (tras una campaña a favor sin precedentes, incluido un programa especial de Jordi Évole) no es demasiado favorable para los que ponían este caso como un ejemplo claro de lawfare: el 37% percibió falta de neutralidad, pero un 32% no la apreció y considera justa la sentencia.

A pesar de la rotundidad del titular de El País, la opinión de los españoles sobre la Justicia está dividida, según su propio sondeo: el 41% de los españoles creen que la mayoría de los jueces son honestos y competentes, frente al 46% que opina que no lo son.

Si vamos a la encuesta de Tezanos para el CIS, el resultado es aún más descorazonador para el Gobierno: el 15,9% de los españoles declara no tener "ninguna confianza" en los tribunales de Justicia, sí. Pero ese porcentaje de desconfianza sube hasta el 30,6% cuando se trata del Gobierno. Son más del doble los españoles que no se fían del Gobierno que los que desconfían de la Justicia. Y cuando se les pregunta a los encuestados si la Justicia trata por igual a un político que a un ciudadano corriente, ¡el 88,8% opina que NO!

En resumen, que la inmensa mayoría de los españoles piensa que los políticos -sean del signo que sean- son mejor tratados por la Justicia que un ciudadano normal.

La Justicia en España no es perfecta. Es demasiado lenta y, en ocasiones, genera decisiones muy discutibles (como alguna de las que ha tomado el juez Peinado). Pero hacer una campaña desde el Gobierno para desprestigiar a la Justicia, con el ánimo de generar la sensación de que los que se sientan en el banquillo, si son de los suyos, son inocentes, me parece que es algo tan malo para el país como la propia corrupción.

El día en que una mayoría clara piense que no hay Justicia, ese día habrá acabado el Estado de Derecho en España. El Gobierno, por interés propio, lo intenta una y otra vez. Pero su ofensiva política y mediática no le ha dado el resultado esperado. De momento.