La falta de reflejos y la hipocresía han sido los protagonistas de la semana, comenzando por un bochornoso episodio protagonizado por los tertulianos de Antena 3. En pleno directo, los periodistas decidieron abroncar a un joven por retuitear el vídeo de una agresión escolar sin censurar las caras, solo para llevarse un buen corte cuando el chico les recordó que dicho material había sido publicado originalmente por el canal de TikTok de la propia cadena, acumulando millones de visualizaciones. En lugar de hacer autocrítica y llamar la atención a su propio grupo editorial, los comunicadores optaron por mantener la reprimenda hacia el menor, evidenciando una doble moral alarmante.
Pero los malos reflejos no se limitan al ámbito mediático; en la política madrileña, la entidad pública Planifica Madrid también ha dado muestras de una gestión bastante cuestionable. El gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso adquirió el pasado mes de abril un lujoso ático de 200 metros cuadrados, una operación que no figuraba en los presupuestos del año anterior ni fue comunicada en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid durante meses. La justificación oficial de la presidenta apuntaba a la necesidad de unas oficinas temporales para reuniones institucionales debido a las obras de remodelación en la Real Casa de Correos, una excusa que hizo aguas rápidamente al publicarse que el inmueble ni siquiera contaba con licencia para ser usado como oficinas.
La presión mediática y el cúmulo de elementos turbios han forzado una precipitada marcha atrás por parte del Ejecutivo regional. Apenas un par de días después de que la prensa destapara esta polémica compra, el responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, anunció de forma sorpresiva que el ático saldrá a la venta junto a otros inmuebles. En un giro de guion evidente, la Comunidad de Madrid ha asegurado que el importe de esta transacción se destinará a recuperar las zonas afectadas por los recientes incendios, un anuncio que busca apagar el fuego político pero que no logra disipar las graves dudas sobre la falta de transparencia en las compras de la administración.
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