Desde la llegada de la democracia, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, personificados en sus inicios por Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, se consolidaron como actores clave del equilibrio socioeconómico. Aunque respaldaron los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores, el paulatino distanciamiento con el Ejecutivo de Felipe González desembocó en el histórico paro del 14 de diciembre de 1988 contra el plan de empleo juvenil. Aquella movilización paralizó España con el insólito apoyo de la patronal y de sectores de la derecha, forzando la retirada del plan y sentando el precedente de la posterior huelga de 1994 contra la reforma laboral.
El recurso a la protesta sindical continuó bajo las siguientes administraciones de distinto signo político. En 2002, el Gobierno de José María Aznar afrontó un paro masivo tras la aprobación del llamado "decretazo" sobre el desempleo, medida posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional. Años más tarde, en 2010, los sindicatos respondieron con una huelga contra José Luis Rodríguez Zapatero debido a los recortes impuestos desde Europa para afrontar la crisis. Por su parte, la Presidencia de Mariano Rajoy acumuló dos huelgas generales en un mismo año, en marzo y noviembre de 2012, motivadas por la reforma laboral y las políticas de austeridad.
A partir de 2012, el protagonismo de la movilización social derivó hacia fenómenos como el 15M, reduciendo el papel de los sindicatos tradicionales en la calle. Tras la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018, la relación con las centrales sindicales inauguró una etapa de años sin paros generales organizados contra el Gobierno central. Sin embargo, la reaparición de propuestas de huelga en marcos preelectorales ha vuelto a situar en el debate mediático el rol de las organizaciones sindicales frente a la precariedad salarial y el coste de la vida.
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