En España parece que hemos desarrollado una habilidad extraordinaria para aprobar leyes, presumir de democracia y después descubrir que, cuando llega la hora de aplicarlas, todo son explicaciones, matices y excusas.
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Hoy toca volver a hacer una pregunta incómoda: ¿para qué sirve la Ley de Partidos si nadie quiere explicar hasta dónde llega y si se están utilizando todos los mecanismos que contempla?

Conviene recordar la historia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que contó con un amplio respaldo parlamentario, incluido el del PSOE. No fue una ley cualquiera. Nació en una España que todavía sufría el terror de ETA, con asesinatos, amenazas, extorsiones y familias obligadas a vivir con miedo por defender la libertad.

Aquella ley estableció instrumentos para defender nuestra democracia frente a quienes pretendieran utilizarla para destruirla desde dentro. Y su artículo 9 no deja lugar a dudas sobre la preocupación que la inspiró: contempla, entre otras conductas, el apoyo o la legitimación de la violencia terrorista y la inclusión reiterada en listas electorales de condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente sus fines y métodos.

La memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda

¿Y qué ocurre ahora? Que volvemos a encontrarnos con la presencia de antiguos condenados por su relación con ETA en candidaturas de EH Bildu. La actualidad nos lleva directamente a Navarra, donde Floren Aoiz encabeza la candidatura de esta formación al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

Y aquí es donde quiero detenerme. Porque no basta con encogerse de hombros y responder que han cumplido sus condenas y que, por tanto, asunto cerrado. El cumplimiento de una pena es una cuestión de justicia; la memoria de las víctimas y la responsabilidad de los partidos son cuestiones que no podemos despachar con una frase hecha.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar. Pero tampoco debemos confundir las cosas: haber sido condenado por pertenencia a ETA no supone, por sí solo, una prohibición automática de presentarse a unas elecciones. Precisamente por eso hay que leer la ley, examinar las circunstancias concretas y exigir que las autoridades competentes actúen conforme a derecho. La Ley de Partidos no permite ilegalizar una formación por una simple sospecha, pero tampoco debería convertirse en papel mojado cuando existen hechos que merecen ser examinados.

Por eso pregunto al Gobierno: ¿se han revisado las circunstancias de estas candidaturas? ¿Se ha comprobado si concurren los requisitos legales previstos? ¿Qué explicación se ofrece a los ciudadanos que recuerdan perfectamente lo que ETA hizo en este país?

Y pregunto también a la oposición: ¿a qué esperan para exigir explicaciones, reclamar una revisión jurídica rigurosa y pedir que se utilicen todos los instrumentos legales disponibles?

No estoy pidiendo que se vulnere la ley para satisfacer a nadie. Estoy pidiendo exactamente lo contrario: que se aplique con rigor, sin mirar quién puede salir beneficiado o perjudicado políticamente. Porque aquí hay algo que no deberíamos perder jamás de vista: las víctimas de ETA no pueden convertirse en una nota a pie de página de nuestra historia. Sus familiares no tienen por qué aceptar que su dolor se trate como una molestia del pasado. Y quienes defendemos una España democrática tenemos derecho a exigir que la memoria, la justicia y la dignidad no dependan de los intereses de cada partido.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar

Yo recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Recuerdo a Ortega Lara y el sufrimiento que padeció durante su secuestro. Recuerdo a tantos guardias civiles, policías, militares, concejales y ciudadanos asesinados por defender aquello que otros querían destruir. Y me niego a aceptar que, con el paso del tiempo, acabemos acostumbrándonos a todo. No se trata de venganza. Se trata de principios. Se trata de explicar a las nuevas generaciones que en España hubo una organización terrorista que asesinó para imponer sus ideas y que ninguna aspiración política puede justificar aquel terror.

Por eso, cuando hablamos de la Ley de Partidos, no hablamos de un simple artículo del BOE. Hablamos de los límites que una democracia debe defender, de la responsabilidad de quienes aspiran a representarnos y de la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.

¿Dónde está la Ley de Partidos?

Porque si existe un instrumento legal para impedir que un partido incurra en determinadas conductas de apoyo o legitimación del terrorismo, lo mínimo exigible es que se examinen los hechos cuando surgen dudas fundadas. Que se explique qué se ha revisado, qué requisitos se cumplen y qué actuaciones corresponden. Ni impunidad ni atajos: ley y responsabilidad.

Por respeto a quienes ya no están, por respeto a sus familias y por dignidad democrática, España no puede permitirse olvidar de dónde venimos. Las leyes se escriben para defender la democracia, no para decorar el BOE. Y la memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda.