Había transcurrido ya una hora de debate cuando Alberto Núñez Feijóo le preguntó al presidente qué tenía que decir sobre la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de contratos por más de 6.000 millones de euros a Indra. Pedro Sánchez se hizo el loco y no contestó.
El pasado lunes Sara S. Bas y Sara Méndez publicaron en El Independiente la exclusiva referida a la susodicha investigación por posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Las adjudicaciones bajo la lupa de Anticorrupción suponen el 84% de los más de 7.200 millones vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, en lo que supone la mayor inversión pública en esta industria hasta el momento.
Las empresas beneficiarias de los contratos investigados son Indra (controlada por la Sepi) y Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano.
EM&M llegó a tener casi el 15% del capital de Indra y Ángel Escribano fue presidente de la compañía durante poco más de un año. El pasado mes de marzo, en pleno Miércoles Santo, Escribano se vio obligado a abandonar la presidencia de la compañía presionado por Moncloa y su brazo ejecutor, la Sepi.
Durante unos meses, antes de la defenestración de Ángel Escribano, el Gobierno impulsó la fusión entre Indra y EM&M, con el objetivo de crear un "campeón nacional" de la industria de la defensa. Todo ello, al calor del nuevo impulso inversor en dicha industria, que llevó al Gobierno a invertir algo más del 2% del PIB durante 2025, presionado por la OTAN.
Ángel Escribano se hizo con la presidencia de Indra tras la decisión del Gobierno de destituir a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y poner en su lugar a Marc Murtra, que, hasta enero de 2025 ejerció como presidente de Indra.
Escribano es hombre muy capaz y buen conocedor del sector, pero entró en la champions de la industria como elefante en cacharrería. Al poco de sentarse en el sillón de Indra propuso comprar Santa Bárbara, la filial española de la multinacional norteamericana General Dynamics (GDELS), con la que comparte accionariado en Tess Defense, que fabrica el 8x8 Dragón, un vehículo blindado de sofisticada tecnología.
General Dynamics quiso saber si el Gobierno estaba detrás de esa ofensiva y, como mecanismo de defensa, fichó al ex jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.
El presidente de Indra, un empresario dinámico, trabajador y eficaz, no tuvo la precaución de pisar callos uno a uno y se enfrentó a todo el sector sin prever las consecuencias. Desde las pequeñas y medianas empresas, que se veían marginadas de las grandes adjudicaciones del Ministerio de Defensa, a un gigante como General Dynamics. El ruido comenzó a subir de nivel y los enemigos de los Escribano pasaron a ser legión.
La lista de enemigos de los hermanos Escribano es larga y está formada por gente poderosa. Pero ellos también se beneficiaron de su cercanía al poder
Por si faltaba poco, Escribano se enfrentó a uno de los accionistas de Indra, la empresa vasca Sapa (propiedad de los hermanos Aperribay) con la que, además, comparte el proyecto del 8x8 Dragón. Escribano y Jokin Aperribay (consejero de Indra, en la que su empresa controla poco más del 7% del capital) tuvieron mala relación casi desde el principio. Ángel acusa a la transmisión que fabrica Sapa de los retrasos en las entregas del 8x8 al Ejército de Tierra y Aperribay no para de criticar la torreta del blindado, fabricada por Indra.
Lo que Escribano no valoró en su justa medida es que los hermanos Aperribay (Jokin es presidente del equipo de fútbol de la Real Sociedad) es hombre cercano al PNV. Y el PNV ha sido un partido fiel aliado del Gobierno: permitió la investidura de Sánchez y forma parte de la llamada "mayoría progresista". El PNV le puso la proa a Escribano desde el minuto uno.
La lista de enemigos iba subiendo.
La gota que colmó el baso fue que justo a finales de 2025 se supo que Sapa era una de las empresas que había pagado a Servinabar, sociedad investigada en la trama de las cloacas del PSOE por el cobro de comisiones a empresas constructoras, y en la que la UCO sostiene que Sántos Cerdán –ex secretario general del PSOE– es dueño junto con Antxon Alonso. Sapa pagó en dos tranferencias durante 2021 y 2022 poco más de 145.000 euros a Servinabar sin que se sepa muy bien por qué. Aunque seguro que ustedes se lo maginan. El director general comercial de Servinabar, por cierto, era nada menos que Vicente Fernández, que fue presidente de la Sepi entre 2018 y 2019, y hombre muy cercano a la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Escribano aireó el caso de Sapa, como la prueba de que los Aperribay no eran trigo limpio, pero al hacerlo añadió a la lista de sus enemigos a la entonces todopoderosa María Jesús Montero y, por supuesto, a la cúpula del PSOE. Todo ello llevó a que Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa, llevara a cabo la decapitación de Ángel Escribano sin que le temblara el pulso, como en su día hizo con el bueno de Pallete.
Sara B. y Sara M. siguieron sus pesquisas y descubrieron que allá por 2017 la empresa EM&M consiguió un contrato en Venezuela gracias a los buenos oficios del ex presidente Rodríguez Zapatero. La fuente de la información, que no revelaremos, es de la máxima solvencia. Los contratos están ahí, son públicos. Tanto Zapatero como Javier Escribano han negado a El Independiente dicha mediación. Pero este periódico tiene constancia de ello. Y no tiene nada de extraño, dado que Zapatero tenía entonces y sigue teniendo ahora, hilo directo con la cúpula del chavismo. Si se querían lograr contratos en Venezuela no había mejor embajador que el ex presidente del Gobierno que, por otro lado, está imputado en el caso Plus Ultra.
Javier y Ángel Escribano son dos empresarios con mucho empuje. Aún fuera de Indra, colocarán su empresa en un lugar muy alto. No me cabe duda.
Pero lo que sobresale en esta historia no es sólo la capacidad de estos dos hermanos de Coslada, duros y madrugadores, sino la prominencia del Gobierno en todo. Un Gobierno que hace y deshace a su antojo, sin importarle si eso es bueno o no para la defensa de España. Este es un sector que necesita más transparencia y menos movimientos entre bambalinas.
Parece que los hermanos Escribano han comenzado a valorar lo que vale la comunicación... y las relaciones al máximo nivel. En octubre ficharon como responsable de relaciones institucionales a José Manuel Zuleta, general de división retirado y durante diez años secretario de la reina Letizia.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción indaga si en los contratos de Defensa a Indra (cuya cúpula ahora vuelve a ser afín al PSC, como lo fue en la etapa de Murtra) hubo algo más que la necesidad de impulsar la creación de un "campeón nacional".
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