Las secuelas del episodio fronterizo vivido a finales de julio en Ceuta han abierto una severa brecha política entre el PSOE, Marlaska y Sumar. La fricción parlamentaria ha alcanzado un nuevo pico tras las revelaciones sobre el expediente enviado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a la Audiencia Nacional, donde se apunta a que efectivos marroquíes coordinaron el cruce masivo de personas hacia la ciudad autónoma.
En respuesta a la maniobra del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha solicitado verificar la autenticidad y flujo de dicho dossier alegando su desconocimiento sobre el texto, Izquierda Unida ha dado un paso al frente. El coordinador general de la formación, Antonio Maíllo, ha exigido la salida inmediata de Marlaska si se demuestra que la cúpula institucional del departamento estaba al tanto del diagnóstico técnico.
Frente común contra la estrategia diplomática de Moncloa
Aunque otros sectores de la confluencia plurinacional evitan pedir de manera explícita el cese de Marlaska como responsable de Interior, existe un consenso absoluto en la bancada respecto al papel de Rabat. Tanto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como la titular de Sanidad, Mónica García, han tachado de "sentido común" exigir cuentas al reino alauita por la vía de la acción o la omisión, reclamando una postura diplomática mucho más firme y contundente.
Esta postura crítica contrasta de forma directa con la línea defendida por el sector socialista de la bancada azul, que continúa destacando la cooperación transfronteriza con Marruecos. El rechazo a esta narrativa ha situado a Sumar en sintonía con las fuerzas de la investidura (como ERC, Bildu, PNV, Junts o Podemos) e incluso con los principales partidos de la oposición.
Las discrepancias se extendieron al máximo nivel institucional tras la reciente intervención pública del presidente Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, afeó al jefe del Ejecutivo su falta de sensibilidad con la población ceutí y la ausencia total de reproches hacia las autoridades del país vecino.
Desavenencias en el traslado de menores y la ley de extranjería
Más allá del encaje geopolítico, los socios de coalición chocan frontalmente en la gestión logística sobre el terreno. Desde el grupo minoritario del Gobierno urgen a agilizar las derivaciones hacia la península para aliviar el colapso asistencial. En este sentido, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha calificado de "prioridad imprescindible" la distribución territorial de los menores no acompañados para garantizar una tutela adecuada.
La fractura en la política migratoria del Ejecutivo promete extender su recorrido durante la tramitación parlamentaria. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de los anteproyectos de ley de extranjería y asilo, la dirección de Sumar ya ha avanzado que registrará una batería de enmiendas para modificar sustancialmente el texto redactado por el PSOE.
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