La polémica sobre las oposiciones de Radiotelevisión Española no está cerca de terminar. No sólo porque hay un proceso judicial pendiente en el que algunos representantes de UGT están señalados por la presunta filtración de las preguntas de un examen, sino porque los retrasos y negligencias que han acompañado el proceso prometen traer cola.

El Independiente publicó hace unas semanas, en primicia, que la corporación había consignado una cantidad superior a 80.000 euros para realizar una auditoría externa que evalúe los errores que se han cometido durante la última convocatoria de empleo público en RTVE -la primera en 15 años- para intentar subsanarlos en la que comenzará próximamente. La adjudicación se realizará mediante un proceso de contratación pública.

El problema es que hay otra circunstancia que todavía no se ha resuelto y que amenaza -según estiman desde la corporación- con terminar en un contencioso-administrativo. Es la relativa a la relación contractual que tuvo la radio-televisión pública con la empresa Tea Cegos entre 2021 y 2025 para gestionar una buena parte de las oposiciones.

El polémico contrato con Cegos

Esta empresa prestó este servicio tras ganar un concurso, convocado por la corporación hace 4 años, en el que presentó una oferta de 485.020 euros por un año de servicio, prorrogable.

A partir de ahí, se encargó, entre otras cosas, de la administración de los datos y de las candidaturas de quienes se habían inscrito en los exámenes, pero, según reveló este periódico, la web oficial sufrió un agujero de seguridad que provocó que una parte de los datos de los aspirantes quedara expuesta.

La entonces presidenta provisional de la corporación, Concepción Cascajosa, convocó una reunión extraordinaria del Consejo en la que reconoció -según figura en el acta- que RTVE tuvo constancia de este problema a partir del artículo publicado por El Independiente.

A partir de ahí, pusieron los hechos en conocimiento de la Policía y presentaron una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos que todavía está por resolverse, según detallan fuentes de la cúpula de la corporación.

Facturas por 87.341,20 euros

Desde el equipo directivo de RTVE acusan a Tea Cegos de incumplimientos del contrato, de ahí que actualmente -tras pagar el resto del importe del contrato, que incluye una adenda de varias semanas, entre finales de 2024 y principios de 2025- la corporación evalúe si abonar una serie de facturas a esta empresa por servicios prestados de 87.341,20 euros.

Consultadas por esta información, tanto las fuentes oficiales de la corporación como de Cegos han declinado responder a este medio.

No obstante, es preciso recordar que la brecha de seguridad que se detectó en la web oficial de las oposiciones -único cauce oficial de comunicación con los aspirantes- provocó que cualquier usuario pudiera acceder a múltiples datos personales, entre los que se encontraban justificantes bancarios, documentos de identificación e incluso certificados de discapacidad.

Un asunto complejo

Dentro de la anterior directiva -comandada por Cascajosa- hubo un debate acerca de si debía pagarse el importe total del contrato a Cegos. Finalmente, la discrepancia se encuentra en unas facturas que todavía no han sido liquidadas.

Fuentes sindicales reconocen que han recibido, durante estos años, incontables consultas de sus afiliados y de los opositores, relacionadas con los fallos y retrasos que han acompañado el proceso.

El más sonado fue el que sucedió hace ahora un año, cuando una de las candidatas recibió en su teléfono móvil dos archivos que incluían decenas de preguntas del examen que se iba a celebrar, unas horas después, para la categoría de Informador.

Según figura en la causa judicial, esa candidata avisó a una trabajadora de RTVE de esta circunstancia -y de la posibilidad de que esa filtración hubiera llegado a múltiples candidatos-; y esta empleada, a su vez, a Cristina Ónega, responsable entonces del Canal 24 Horas y miembro del tribunal.

A partir de ahí, se decidió aplazar la prueba y denunciar a la policía los hechos acontecidos. La Policía Nacional ha investigado lo sucedido a través de la UDEF y todo apunta a que algunas personas vinculadas a UGT estuvieron presuntamente detrás de la filtración.

Mientras avanza el proceso judicial, RTVE evalúa el cómo abonar los 15.000 euros de gastos en los que incurrieron los candidatos a esas plazas aquel domingo, en el que el examen tuvo que suspenderse.