Castilla y León no dispone de una televisión autonómica, pero el Gobierno regional subvenciona a una empresa privada para que preste ese servicio. Es RTVCyL, la cual está gestionada por dos conglomerados mediáticos: los que fundaron los constructores José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Edigrup y Promecal.

Uno de ellos, Ulibarri, visitaba hace algo más de un mes la sede de la Audiencia Nacional, dentro de uno de los juicios sobre la trama Gürtel. La Fiscalía pedía 14 años de prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada. Durante su declaración, reconoció el de fraude fiscal y el de blanqueo para intentar esquivar la cárcel.

Su compañero de negocio televisivo, Méndez Pozo, fue condenado en 1994 por corrupción política a una pena de prisión, dentro del famoso caso de la construcción de Burgos. A los nueve meses, regresó a la calle.

Ambos constructores han sido grandes rivales empresariales durante décadas, tanto en el negocio de las edificaciones como en el de los medios. Ulibarri encabeza el grupo de Diario de León y Méndez Pozo, el de Diario de Burgos.

Los dos también explotaban, por separado, un par canales de televisión, pero, por decisión salomónica promovida por el Ejecutivo del PP de Juan Vicente Herrera, entablaron una alianza de intereses para desarrollar RTVCyL, a cuyos canales venden contenidos sus propias productoras audiovisuales.

Subvenciones multimillonarias

Durante algo más de una década, esta compañía de televisión ha recibido partidas presupuestarias por alrededor de 250 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Todo, para cumplir con el servicio público de comunicación audiovisual, que, en este caso, está 'privatizado', pero fuertemente subvencionado.

Las últimas cuentas de la empresa que obran en poder del Registro Mercantil datan del ejercicio 2024. Este periódico ha accedido a ellas a través de la plataforma Insight View y ahí se refleja que la sociedad cerró ese año en equilibrio, con un beneficio mínimo de 34.223 euros.

El auditor de la empresa refleja en la memoria anual que esta sociedad tiene garantizada cada año la obtención de los ingresos “que cubren una parte significativa del presupuesto de gastos” a través de una subvención directa concedida por el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Esta paga se articula a través de la Consejería de Fomento y en 2025 ha ascendido a 24,5 millones de euros.

Historial de ayudas

En sus respectivos informes se expone que, durante el ejercicio 2023, recibió dos partidas de 20,23 y 1,15 millones de euros por parte del Gobierno autonómico.

“Desde 2009 (…) y hasta 2012, la sociedad vino suscribiendo con la Consejería de Fomento de Castilla y León un contrato-programa para financiar los gastos incurridos para satisfacer las necesidades de interés general con la programación”, expresa la memoria económica.

Y añade: “Desde 2013, dicha financiación se instrumenta mediante una subvención directa”, que el año pasado fue superior a los 21 millones de euros.

En 2021 y 2020 ascendió a 20 millones por ejercicio; en 2019, a 19 millones; y, entre 2013 y 2018, a 18 millones de euros cada año.

A estas cantidades hay que sumar una aportación extraordinaria de 27,6 millones que sirvió para compensar el IVA que reclamó la Agencia Tributaria a este medio de comunicación por su actividad entre los ejercicios 2011 y 2017.

Datos económicos

Más allá de esta ayuda pública, RTVCyL facturó durante el pasado ejercicio un total de 2,6 millones, es decir, el 3% más que en el ejercicio anterior, cuando cerró con pérdidas de 63.677 euros.

Su plantilla –que se ha movilizado en el pasado por sus condiciones salariales-- estaba conformada hace unos meses por 336 personas, de las que 10 pertenecían a su Dirección, 10 a sus órganos comerciales y de Administración; y 316 a sus departamentos de redacción, técnica o producción.

Su volumen y su presupuesto es mucho menor que el de otras cadenas autonómicas, aunque, en este caso, lo más significativo es su naturaleza, de empresa privada que se mantiene principalmente gracias a las aportaciones públicas.

Su canal, La 7, obtiene una audiencia media de 1,5 puntos, dentro del territorio castellano y leonés, mientras que La 8, de 1,2.