Cinco integrantes de una familia de origen marroquí, cuatro hermanos y su madre, acusados de explotar a inmigrantes sin documentación en labores agrícolas en distintas zonas de Valladolid y provincias cercanas, aceptaron este viernes una condena de dos años de prisión cada uno, tras admitir su responsabilidad en los delitos que se les imputaban.

El juicio fue evitado gracias a un acuerdo entre las defensas de los acusados y las partes acusadoras, tanto la pública como la particular, esta última representada por la Seguridad Social. Así, los hermanos A, B, F y M, junto con su madre A, lograron una considerable reducción de la pena, que inicialmente era de cinco años y medio de cárcel, quedando finalmente en dos años de privación de libertad. Además, la ejecución de la condena se suspendió por un período de cinco años, durante el cual no podrán cometer nuevos delitos.

El magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid anunció de forma anticipada la sentencia, que fue difundida por Europa Press. La resolución condena a cada uno de los cinco familiares a un año y medio de prisión, una multa de 230.000 euros y la pérdida del derecho a recibir subvenciones públicas y beneficios fiscales por tres años, debido a un delito contra la Seguridad Social. Esta condena incluye una atenuante muy cualificada por reparación del daño ya han abonado 20.000 euros, además de una multa adicional de 2.160 euros por un delito contra los derechos laborales, y seis meses más de cárcel por pertenencia a un grupo criminal.

En cuanto a la responsabilidad civil, deberán pagar de manera conjunta y solidaria 205.000 euros a la Seguridad Social, tras descontar los 20.000 euros ya entregados, que les otorgó la atenuante por reparación del daño.

Los responsables confesos de estos delitos se comprometieron a abonar 400 euros mensuales, así como a no reincidir en actividades delictivas durante cinco años. También deberán mantenerse a disposición del tribunal y comunicar cualquier cambio de domicilio para evitar su ingreso en prisión.

La Fiscalía de Valladolid había solicitado inicialmente una pena total de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los cinco empresarios marroquíes, todos miembros de una misma familia, acusados de conformar un grupo criminal que contrataba a trabajadores agrícolas sin inscribirlos en la Seguridad Social.

Los encausados, de nacionalidad marroquí y con lazos familiares, acordaron prestar servicios agrícolas en Valladolid y provincias vecinas, y con fines lucrativos dejaron de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados y las propias.

Para aparentar estar al día con los pagos ante otros empresarios, se registraron sucesivamente como empresarios individuales en el Régimen General de la Seguridad Social, dedicados principalmente al apoyo agrícola, con la intención de hacer que la deuda acumulada pareciera inexistente y evitar las consecuencias legales, creando una falsa apariencia de legalidad. Sin embargo, este cambio fue solo formal, pues todos compartían vínculos familiares, vivían en dos domicilios en Olmedo y mantenían a los mismos trabajadores, acumulando una deuda de 225.125 euros con la Seguridad Social.